Los últimos indicadores laborales del aglomerado Jujuy-Palpalá instalaron una discusión sobre la distancia entre la desocupación abierta y la calidad efectiva del empleo. Para el segundo trimestre de 2026, el INDEC estimó una tasa de desempleo de 3,4%, equivalente a por lo menos 6.000 personas. El mismo relevamiento, sin embargo, mostró que otras 30.000 personas que ya tienen una ocupación buscan activamente otro puesto, un dato que expone insatisfacción con los ingresos, las horas o las condiciones disponibles.
El informe oficial también registró 11.000 subocupados: trabajadores que cumplen menos de 35 horas semanales por razones involuntarias y desean ampliar su jornada. Esa categoría permite observar una dimensión que no aparece en la tasa de desempleo, porque una persona puede figurar como ocupada aun cuando su actividad no le asegure horas suficientes. La combinación de búsqueda adicional y subocupación muestra una presión laboral mayor que la expresada por el 3,4% de desocupación.
Hebert Lima, integrante del Espacio de Participación Popular, cuestionó que los indicadores oficiales representen lo que observa en los barrios y en las actividades económicas de la provincia. El dirigente puso en duda tanto las mediciones de la Dirección Provincial de Estadística y Censos como la capacidad de la tasa de desempleo para reflejar el peso de la informalidad. Su planteo no reemplaza las estadísticas públicas, pero introduce una discusión sobre qué modalidades de trabajo quedan ocultas dentro de la categoría de ocupación.
Según Lima, una parte significativa de la economía jujeña funciona mediante empleos informales o monotributos de baja estabilidad. Esas modalidades pueden carecer de continuidad, vacaciones, aportes jubilatorios, indemnización y cobertura de obra social. El referente sostuvo que los trabajadores informales perciben, en promedio, 40% menos que quienes tienen un empleo formal, en una provincia donde también considera bajos los salarios registrados. Esa diferencia amplía la vulnerabilidad ante cualquier caída de actividad o enfermedad.
La falta de cobertura médica tiene además un efecto sobre el sistema público de salud. Quienes trabajan sin obra social dependen de hospitales y centros estatales, de modo que la precariedad laboral se traslada a una mayor demanda asistencial. El problema no se limita entonces al ingreso individual: afecta la recaudación previsional, reduce la protección frente al despido y concentra más necesidades en servicios provinciales que ya deben atender a la población sin cobertura.
El dirigente social atribuyó el avance de la informalidad a la ausencia de políticas sostenidas de desarrollo productivo y a controles insuficientes. Mencionó en particular gastronomía, hotelería y minería, sectores donde reclamó inspecciones laborales y mayor procesamiento local de los recursos extraídos. Su propuesta es que la actividad minera incorpore etapas industriales dentro de Jujuy para generar empleos formales. No se informaron proyectos concretos ni respuestas de las empresas o del gobierno provincial.
La discusión laboral apareció vinculada también con la situación alimentaria. Lima afirmó que su organización debió cerrar tres comedores y merenderos en Palpalá por falta de asistencia estatal. Esos espacios funcionaban como una red de subsistencia para familias con ingresos inestables, por lo que su interrupción combina dos problemas: menos capacidad comunitaria para atender necesidades inmediatas y mayor exposición de hogares sostenidos por trabajos informales o jornadas insuficientes.
El próximo debate deberá separar y relacionar tres planos: la desocupación abierta medida por el INDEC, la presión de quienes buscan más trabajo y el universo informal que no cuenta con protección laboral completa. Las cifras oficiales permiten dimensionar desempleo y subocupación, mientras las organizaciones reclaman datos más precisos sobre calidad e ingresos. La respuesta provincial dependerá de inspecciones, políticas productivas, acceso a cobertura y asistencia social capaz de llegar a los sectores que hoy alternan empleos precarios con redes comunitarias debilitadas.
