El microcentro de San Fernando del Valle de Catamarca acumula locales cerrados, especialmente en la Peatonal Rivadavia y los alrededores de la Plaza 25 de Mayo. La sucesión de persianas bajas activó una discusión sobre el consumo, los costos del comercio formal y el crecimiento de las ferias. Aunque los testimonios hablan de numerosos cierres, no existe en la información disponible una cifra consolidada que mida su cantidad.
Los alquileres aparecen entre las cargas más difíciles de sostener. Comerciantes ubicaron entre dos y seis millones de pesos mensuales el costo de un local pequeño en el centro, mientras las facturas de electricidad y agua pueden superar el medio millón de pesos. A eso se agregan impuestos, habilitaciones y salarios. La combinación eleva el umbral de ventas necesario para mantener abierto un establecimiento.
El cambio en las compras agrava esa ecuación. Las familias priorizan alimentos y bienes esenciales, reduciendo la demanda de indumentaria, joyas y otros productos postergables. Un comerciante con más de dos décadas en la peatonal explicó que las fechas especiales todavía generan movimiento, mientras un vendedor de bazar describió jornadas de demanda elevada gracias a artículos pequeños y de bajo precio. La crisis, por lo tanto, afecta de modo desigual a los rubros.
La expansión de las ferias concentra parte de la controversia. Los comercios habilitados cuestionan diferencias impositivas y de costos, pero algunos de sus propios representantes reconocen que los feriantes también pagan por trabajar, venden a la intemperie y recurren a esa actividad como fuente de ingreso familiar. La disputa no enfrenta simplemente negocios viables con vendedores sin gastos: reúne modelos con obligaciones y vulnerabilidades distintas.
El debate llegó al Concejo Deliberante. Eleonora Sopaga, de La Libertad Avanza, cuestionó el rechazo municipal a un proyecto para digitalizar trámites y permisos de feriantes. También atribuyó a emprendedores denuncias por malos tratos y cobros de 10.000 pesos mensuales para conservar lugares en la Plaza 25 de Mayo. Son acusaciones políticas y testimoniales que requieren una respuesta institucional antes de considerarse comprobadas.
Diego Figueroa planteó que un inmueble desocupado también puede abrir una oportunidad para otra actividad y citó el reemplazo de una heladería por una panadería. Esa posibilidad no elimina la pérdida previa ni demuestra una recuperación general. El próximo resultado verificable deberá surgir de un relevamiento de locales ocupados y vacíos, junto con reglas transparentes para ferias y habilitaciones. Hasta entonces, la crisis se mide por señales visibles y testimonios, no por una estadística cerrada.
