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La UCR pidió acelerar el sistema acusatorio federal en la Ciudad de Buenos Aires

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Un proyecto de resolución ingresado en Diputados y firmado por los seis legisladores nacionales de la UCR exige al Gobierno acelerar la implementación del sistema acusatorio en CABA. El bloque advierte que seguir postergándolo afecta el acceso a la justicia y debilita garantías constitucionales.

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El radicalismo llevó a la Cámara de Diputados un proyecto de resolución para exigirle al Gobierno nacional que acelere la implementación del sistema acusatorio federal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La iniciativa fue firmada por los seis legisladores nacionales de la Unión Cívica Radical y apunta a un punto sensible de la agenda judicial: la transición desde un esquema predominantemente escrito e inquisitivo hacia un modelo oral, adversarial y con mayor protagonismo del Ministerio Público Fiscal.

En el texto, los diputados sostienen que seguir postergando la aplicación del sistema acusatorio en CABA vulnera el derecho de acceso a la justicia y debilita garantías constitucionales. El reclamo coloca el foco en la demora operativa y política para completar una reforma ya prevista en el orden federal.

El sistema acusatorio modifica la lógica del proceso penal. La investigación queda a cargo de los fiscales, los jueces concentran su rol en controlar garantías y resolver controversias, y las audiencias orales buscan dar mayor transparencia, celeridad y publicidad a los expedientes.

Para la UCR, la Ciudad no puede seguir quedando rezagada respecto de otras jurisdicciones donde el modelo ya fue puesto en marcha o se encuentra en proceso de implementación. La demora, advierten, produce desigualdades territoriales en la respuesta judicial.

El pedido también tiene una dimensión institucional. Acelerar la reforma exige planificación presupuestaria, capacitación, tecnología, coordinación entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia, además de una decisión política sostenida.

En un contexto de fuerte debate sobre seguridad urbana, delitos complejos y confianza pública en la justicia, el radicalismo intenta instalar que el problema no es solo penal, sino de calidad institucional y eficiencia estatal.

La discusión en Diputados permitirá medir si el oficialismo está dispuesto a activar una agenda judicial que combine modernización procesal, garantías constitucionales y capacidad real de investigación en el principal distrito político del país.

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