La investigación por la difusión de una parte del legajo laboral y de un recibo salarial del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quedó archivada por una definición procesal. El juez Adrián Dvorzak consideró que el caso debía tramitar como una acción privada impulsada por la persona afectada y no como una persecución penal pública iniciada de oficio.
La decisión alcanzó también al recurso presentado por la fiscal Yanina Estela Passarelli. Dvorzak lo declaró formalmente inadmisible, de modo que la apelación no abrió una revisión sobre el fondo del expediente. El cierre, por lo tanto, se apoya en la vía jurídica elegida y no en una conclusión sobre la existencia o inexistencia del acceso informático denunciado.
El episodio se conoció a fines de junio, cuando documentación vinculada con el legajo del gobernador apareció dentro de la Casa de Gobierno. Entre el material difundido figuraba un recibo de haberes, lo que activó una investigación administrativa y una denuncia sobre el supuesto ingreso sin autorización a sistemas que contenían datos personales.
La empresa estatal Altec identificó una computadora vinculada con la consulta y retiró el equipo para su análisis. El Gobierno provincial señaló entonces a un agente público como presunto responsable, aunque su identidad quedó reservada por razones legales. Esa atribución inicial no se convirtió en una determinación judicial de culpabilidad.
La denuncia mencionó posibles encuadres en los artículos 153 bis y 157 bis del Código Penal, relacionados con el acceso ilegítimo a sistemas y el tratamiento indebido de datos personales. También se evaluó la eventual aplicación del artículo 260, referido al peculado. Ninguna de esas figuras llegó a ser resuelta en una sentencia sobre los hechos.
La resolución de archivo tampoco estableció si la documentación fue obtenida mediante una intrusión técnica, a través de credenciales habilitadas o por otro mecanismo. Del mismo modo, no definió quién realizó la consulta, quién difundió el material ni si existió un perjuicio penalmente relevante para el gobernador.
Durante la circulación pública del caso aparecieron versiones que relacionaban la computadora retirada con otra investigación vinculada con la Asociación del Fútbol Argentino. Esas versiones fueron descartadas en la información posterior y no forman parte de la decisión que cerró este expediente.
Una eventual reapertura dependería de que Weretilneck, en su condición de persona afectada, promoviera la acción que el juez consideró necesaria. Mientras eso no ocurra, el expediente permanece archivado y sin una persona declarada responsable, por lo que el resultado debe leerse como una clausura procesal y no como una absolución ni como una confirmación de las acusaciones iniciales.
