La administración de Raúl Jalil quedó bajo presión en la Cámara de Diputados por mantener recursos provinciales en colocaciones financieras mientras persisten salarios docentes adeudados y necesidades sin cubrir. Mamerto Acuña, Natalia Herrera y Javier Galán transformaron la discusión contable en un cuestionamiento directo sobre las prioridades del Estado catamarqueño.
Herrera sostuvo que algunos docentes acumulan cuatro meses, seis meses e incluso más de un año sin cobrar conceptos pendientes. Frente a esa demora, enumeró un superávit de $240.000 millones, depósitos a plazo fijo por $182.000 millones y Aportes del Tesoro Nacional por $11.600 millones, sin sumar programas nacionales específicos.
La diputada vinculó esas disponibilidades con situaciones domésticas concretas: alquileres, alimentos y servicios que los trabajadores no pueden afrontar. También mencionó a docentes ya jubilados que todavía esperan pagos y a quienes postergan el retiro para no perder la posibilidad de cobrarlos. Su planteo contrapuso liquidez pública con ingresos laborales demorados.
Galán llevó la misma pregunta a la relación entre el Gobierno y los vecinos que reclaman empleo o ayuda para pagar comida y electricidad. Cuestionó que exista dinero para unas decisiones y no para otras, y relativizó el balance oficial de la Fiesta del Poncho —que informó 1,7 millones de asistentes— al compararlo con las dificultades económicas que escucha en sus recorridas.
Acuña había abierto la controversia al señalar que un adelanto de coparticipación de $150.000 millones y un préstamo de $45.000 millones, presentados como recursos para reactivar obras, permanecían colocados en el sistema financiero. Aclaró que no objeta la herramienta en sí, sino su uso cuando la función estatal debería atender salud, educación e infraestructura. La discusión tampoco puede resolverse comparando todo el dinero disponible con una sola obligación. Parte de los recursos puede tener afectación específica o vencimientos determinados, pero la oposición sostiene que el volumen informado obliga al Gobierno a demostrar esas restricciones y a justificar por qué ciertos pagos sociales continúan demorados.
El debate ya no se limita a si una colocación genera rendimiento, sino a qué plazo y con qué destino se administran fondos que suman cientos de miles de millones. La oposición dejó cifras y casos en el recinto; el próximo paso corresponde al Ejecutivo, que deberá explicar la trazabilidad de esos recursos y su relación con pagos y obras pendientes. Para resolver la controversia, el Ejecutivo tendrá que publicar el destino, los vencimientos y la disponibilidad de cada colocación, y explicar qué partidas pueden utilizarse sin afectar compromisos presupuestarios ya asumidos.
