La Federación Económica de Santa Cruz estimó que la provincia pierde entre 3,5 y 4 unidades productivas cada día. El cálculo reúne cierres de pymes formales, bajas de habilitaciones comerciales y contracción del trabajo independiente. Por eso no debe leerse como cuatro sociedades empleadoras cerradas diariamente. Se trata de un indicador compuesto con el que la entidad busca describir el deterioro simultáneo del comercio, los servicios y las actividades unipersonales.
En el segmento mejor documentado, entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 desaparecieron entre 350 y 400 empresas empleadoras privadas. El universo registrado pasó de 3.985 firmas a cerca de 3.545. La caída interanual medida a mayo fue del 6,7%, frente a un promedio nacional negativo del 3,3%. Con esos datos, Santa Cruz quedó ubicada como la quinta jurisdicción con mayor destrucción empresarial y perdió aproximadamente un empleador con personal cada dos días.
El retroceso se trasladó al trabajo asalariado. Datos procesados por Politikon Chaco y el Observatorio de Economía de la Patagonia Sur indican que entre noviembre de 2023 y abril de 2026 el empleo privado formal cayó 16,4%. La reducción neta fue de 10.400 puestos y dejó el total en 50.600 trabajadores. Frente al máximo de febrero de 2023, cuando se contabilizaban 61.900 asalariados, la diferencia acumulada alcanza 11.300 empleos, una contracción del 18,3% en 38 meses.
El Estado provincial tampoco actuó como compensación expansiva. Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la plantilla pública bajó de 36.887 a 34.313 agentes, una reducción del 7% equivalente a 2.574 cargos. El informe atribuye esa variación principalmente al congelamiento de vacantes generadas por jubilaciones y no a despidos directos. Al consolidar empleo público y privado, la pérdida llegó a 12.597 puestos formales, o 12,9% de la masa asalariada registrada en 27 meses.
Río Gallegos ofrece el registro municipal más visible. Entre 2025 y agosto de 2026 se tramitaron 637 bajas de licencias comerciales, mientras el padrón activo se redujo de unas 3.000 habilitaciones a aproximadamente 2.363. La variación equivale a un achicamiento del 21% y a cerca de una baja diaria. Una cancelación de licencia confirma la salida de una actividad habilitada, aunque no determina por sí sola si la persona jurídica fue disuelta, se mudó o cambió de modalidad.
La FESC relacionó el cuadro con consumo estancado, pérdida de poder adquisitivo, menor movimiento turístico, desaceleración petrolera y aumento de tarifas, impuestos y otros costos. Su Índice Provincial de Actividad Económica acumuló meses de retroceso. La entidad advirtió además que las estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo observan principalmente a empleadores con personal, apenas una fracción de un entramado que incluye entre 25.000 y 28.000 monotributistas y autónomos.
La estimación de 3,5 a 4 unidades perdidas intenta incorporar ese universo menos visible, pero requiere una metodología pública y series comparables para evitar sumar categorías superpuestas. La señal central sí aparece en registros distintos: menos empleadores, menos puestos privados, reducción de licencias y menor empleo público. Para mejorar la comparación, el informe debería publicar altas, reaperturas, cambios de domicilio y supervivencia de nuevos emprendimientos, además de las bajas brutas. También conviene separar comercio, turismo, servicios petroleros y construcción, porque cada sector responde a ciclos y políticas distintos. Sin esa apertura, el promedio diario sirve como alerta, pero no explica dónde se concentra la destrucción. La respuesta provincial deberá diferenciar alivio comercial inmediato, reactivación de sectores tractores y protección laboral. Medir altas junto con bajas permitirá saber si Santa Cruz atraviesa una rotación acelerada o una pérdida neta persistente de capacidad productiva.
