La diputada nacional Julieta Campo colocó al Chaco dentro de la discusión por la reforma de la ley de tierras que el Senado tratará el jueves. La legisladora sostuvo que el proyecto denominado de Inviolabilidad de la Propiedad Privada afecta la capacidad del país para decidir sobre su territorio y sus recursos. Su intervención enlazó el debate nacional con la estructura de la propiedad rural en la provincia y con la situación de sus departamentos fronterizos.
Campo recordó que la Ley 26.737 fue sancionada en 2011 después de la crisis financiera internacional de 2008. Presentó esa norma como una respuesta al avance de grandes grupos financieros sobre espacios considerados estratégicos. Entre sus disposiciones destacó el límite del 15% para la propiedad extranjera y las restricciones sobre áreas de frontera, riberas, lagos y acuíferos.
La dimensión chaqueña apareció en las cifras que expuso durante la entrevista. La diputada estimó que alrededor de 300.000 hectáreas rurales de la provincia están en manos extranjeras y que cerca del 60% de esa superficie se concentra en los departamentos Güemes y Maipú. A partir de esos datos, señaló al Impenetrable como un territorio donde conviven comunidades, biodiversidad, bosques nativos y reservas de agua dulce.
Campo diferenció la inmigración vinculada al trabajo rural de la compra por grandes grupos económicos internacionales. Según su argumento, el proyecto no apunta al productor extranjero individual que se radica y explota la tierra, sino que facilita operaciones sobre zonas asociadas con agua, minerales e hidrocarburos. La afirmación forma parte de su rechazo político y no de una evaluación técnica ya resuelta por el Congreso.
La legisladora extendió sus cuestionamientos a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que comenzará a discutirse en comisión. Afirmó que La Libertad Avanza obtiene respaldo de gobernadores y dirigentes de distintos espacios pese a no contar con bancas propias suficientes. También mencionó al gobernador Leandro Zdero entre quienes, a su juicio, facilitan votos para iniciativas nacionales que considera perjudiciales.
En el cierre, Campo trasladó la discusión al horizonte electoral de 2027, pero pidió que el peronismo defina primero un programa de gobierno. Enumeró como asuntos pendientes la deuda con el Fondo Monetario Internacional, el empleo informal, los planes sociales y el manejo de los recursos naturales. La instancia inmediata será la sesión del jueves: allí se medirá si las objeciones territoriales inciden en la redacción o en el resultado de la votación.
