La política santafesina empezó a discutir un posible entendimiento entre La Libertad Avanza y Maximiliano Pullaro que todavía no fue formalizado. Según dirigentes libertarios citados por Sin Sobres, las conversaciones podrían cerrarse durante noviembre. La hipótesis no plantea una coalición electoral completa, sino un intercambio de incentivos: LLA competiría en la provincia sin concentrar su campaña en derrotar al gobernador, mientras sectores de Unidos facilitarían votos para suspender las PASO nacionales.
El concepto de una candidatura libertaria de “baja intensidad” debe leerse con cautela. No existe hasta ahora un documento público, un acuerdo firmado ni una definición oficial de Pullaro que confirme esa estrategia. La versión describe una negociación en curso, no un hecho consumado. Aun así, resulta políticamente verosímil porque ambas partes tienen intereses concretos: la Casa Rosada necesita votos en el Senado y el gobernador quiere reducir riesgos en su reelección.
En el esquema trascendido, La Libertad Avanza mantendría candidatos a gobernador, legisladores e intendentes, pero concentraría recursos y confrontación en distritos municipales y en la candidatura de Romina Diez al Senado. Eso permitiría al espacio nacional conservar identidad propia sin convertir la elección provincial en una guerra frontal contra Pullaro. Para el gobernador, el beneficio sería evitar que Milei y su aparato nacional polaricen la campaña santafesina.
La contraprestación estaría en el Congreso. El oficialismo nacional cuenta especialmente con el eventual acompañamiento de Carolina Losada y Eduardo Galaretto, vinculados al armado de Unidos, para avanzar con la suspensión de las PASO. Pullaro ha defendido eliminar las primarias presidenciales por razones de costo, aunque sostiene una posición diferente para el calendario santafesino, donde las PASO sirven para ordenar una coalición amplia y heterogénea.
Ese doble criterio es uno de los puntos sensibles. Unidos reúne radicales, socialistas y otros sectores que no comparten la orientación del Gobierno nacional. Una negociación bilateral con LLA podría generar resistencia interna si se interpreta como un acuerdo de supervivencia electoral del gobernador a cambio de votos nacionales. El socialismo, en particular, necesitará evaluar si ese entendimiento altera la identidad opositora y el equilibrio de poder dentro de la coalición.
Pullaro también tiene reclamos concretos frente a la Nación. Desde su entorno se mencionan la falta de obra pública en rutas nacionales y la demora en reducir o eliminar retenciones. Un acuerdo político podría mejorar canales de negociación, pero no garantiza recursos ni decisiones. Para que tenga contenido institucional, debería traducirse en compromisos públicos y verificables, no solo en menor intensidad discursiva.
Para LLA, el riesgo es aparecer como una fuerza que presenta candidatos sin voluntad real de competir por la gobernación. Eso puede desmovilizar a militantes y votantes que esperan una alternativa propia. Para Pullaro, el riesgo inverso es quedar asociado al Gobierno nacional y perder apoyo de sectores progresistas o radicales críticos de Milei. La utilidad electoral del pacto dependerá de cuánto de la negociación pueda mantenerse sin erosionar las identidades de ambos espacios.
El próximo paso será comprobar si en noviembre aparece un acuerdo formal, qué votos concretos se comprometen en el Senado y qué conducta adopta LLA en Santa Fe. Hasta entonces, corresponde tratar la versión como una negociación atribuida a fuentes partidarias. Si se confirma, será un caso relevante de intercambio entre política nacional y provincial: reglas electorales en Buenos Aires a cambio de menor confrontación en Santa Fe.
