El Gobierno de Formosa cuestionó al senador nacional Francisco Paoltroni y al diputado nacional Atilio Basualdo por su conducta frente a las normas ambientales y al régimen de tierras fiscales de la provincia. La posición oficial remarcó que ninguna representación política exime del cumplimiento de la ley.
Las objeciones se concentran en expedientes vinculados con desmontes sin autorización, sanciones administrativas y operaciones sobre inmuebles fiscales. Desde la administración provincial sostuvieron que ambos dirigentes deben responder por sus actos en las mismas condiciones que cualquier otro ciudadano o productor.
En el caso de Paoltroni, la controversia incluye multas por intervenciones forestales no autorizadas y decisiones judiciales que respaldaron la actuación de los organismos provinciales. El planteo oficial rechazó que las sanciones puedan ser presentadas como una persecución política.
Respecto de Basualdo, las actuaciones también abarcan presuntas irregularidades vinculadas con tierras fiscales y desmontes. El Gobierno provincial afirmó que las investigaciones se apoyan en expedientes administrativos y normas de protección de los recursos naturales.
La disputa se desarrolla en medio de una fuerte confrontación política entre el oficialismo formoseño y los dirigentes opositores. Paoltroni y Basualdo han cuestionado en reiteradas oportunidades al gobernador Gildo Insfrán y al sistema político provincial.
Desde el Ejecutivo respondieron que las diferencias partidarias no alteran la obligación de cumplir las resoluciones administrativas y judiciales. La discusión combina así una disputa por el control político de Formosa con un debate sobre la aplicación de las leyes ambientales y el uso de bienes públicos.
