El Senado de Entre Ríos convirtió en ley la reglamentación del último párrafo del artículo 60 de la Constitución provincial. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo y previamente sancionada por Diputados, regula el efecto derogatorio de las declaraciones de inconstitucionalidad. Con 14 legisladores presentes, recibió 9 votos afirmativos y 5 negativos y quedó a disposición del Ejecutivo para su promulgación.
La tercera sesión especial del 147º Período Legislativo fue presidida por la vicegobernadora Alicia Aluani. El expediente N° 29.311 llegó al recinto sin dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, una circunstancia que se convirtió en uno de los principales cuestionamientos opositores. El debate enfrentó dos interpretaciones sobre si la reglamentación aporta procedimiento o restringe una garantía constitucional.
Juan Pablo Cosso, de Más para Entre Ríos, rechazó el proyecto por la velocidad de su tratamiento y porque no se consultó a la Asociación de la Magistratura. Sostuvo que el texto reduce el alcance de las acciones de inconstitucionalidad, en especial el amparo, y condiciona al Superior Tribunal de Justicia. También vinculó la norma con un intento de proteger la reforma previsional recientemente sancionada.
Jaime Benedetti, de Juntos por Entre Ríos, defendió la iniciativa como una herramienta de seguridad, certeza jurídica y razonabilidad. Señaló que establece plazos adecuados para responder, permite ofrecer pruebas y garantiza que intervengan todas las partes involucradas. Añadió que la publicidad y el registro de sentencias fortalecerán la transparencia y afirmó que la Legislatura ejerce una facultad legítima de reglamentación.
Víctor Sanzberro, de Más para Entre Ríos, retomó las objeciones técnicas y previsionales. Advirtió que el mecanismo del artículo 60 no puede restringirse hasta volverlo difícilmente aplicable y recordó que su bloque tampoco acompañó la reforma previsional por su impacto sobre jubilados y trabajadores. La división política se reflejó en el resultado: Juntos por Entre Ríos, Peronismo Federal y Frente Cimarrón reunieron la mayoría; Más para Entre Ríos votó en contra.
La sanción legislativa está completa, pero la norma todavía debe ser promulgada. El próximo debate se trasladará a su aplicación concreta y, eventualmente, a los tribunales que deban interpretar la relación entre la reglamentación y la Constitución. La votación no resolvió la controversia jurídica: fijó una regla aprobada por mayoría y dejó planteadas dos lecturas opuestas, una centrada en el procedimiento y otra en el riesgo de limitar el control de constitucionalidad.
