La Comisión de Trabajo y Legislación Social del Senado bonaerense aprobó un proyecto de ley destinado a regular la actividad de asistencia personal. La iniciativa coloca en el centro el derecho de las personas con discapacidad a acceder a este apoyo y procura darle un marco jurídico a una tarea vinculada con la autonomía cotidiana. El dictamen representa un avance legislativo, pero todavía no convierte la propuesta en ley.
El objetivo declarado es reconocer y garantizar el acceso a la asistencia personal para que cada persona pueda organizar su vida con mayor independencia. El enfoque no presenta al apoyo como una sustitución de decisiones, sino como una herramienta para que el usuario conserve capacidad de elección sobre sus actividades, sus tiempos y la forma en que recibe la asistencia. Esa perspectiva vincula la regulación laboral con el ejercicio efectivo de derechos.
La propuesta también busca ordenar una actividad que involucra a dos partes con necesidades diferenciadas. Por un lado, quienes requieren asistencia necesitan previsibilidad, continuidad y respeto por su intimidad y sus decisiones. Por otro, quienes desempeñan la tarea necesitan que su función sea reconocida y que sus responsabilidades puedan definirse dentro de reglas claras. El proyecto intenta reunir ambos planos sin confundir la asistencia personal con una decisión médica ni con la representación legal de la persona usuaria.
La aprobación en comisión habilita una nueva etapa del trámite parlamentario. No implica que todas las disposiciones estén vigentes ni que el servicio ya cuente con una reglamentación aplicable. El texto deberá continuar el recorrido institucional correspondiente antes de producir efectos generales. Hasta entonces, el resultado concreto es un dictamen favorable dentro del Senado de la provincia de Buenos Aires.
El debate tiene una dimensión laboral y otra de inclusión. La primera se refiere al reconocimiento de una actividad y a la necesidad de establecer derechos, obligaciones y límites. La segunda apunta a remover barreras que restringen la vida independiente de las personas con discapacidad. La calidad de la futura norma dependerá de que ambos objetivos se complementen y de que la reglamentación no reduzca la autonomía que pretende garantizar.
El próximo indicador será el tratamiento que reciba la iniciativa fuera de la comisión y las modificaciones que puedan introducirse durante ese proceso. Solo la aprobación definitiva y la posterior reglamentación permitirán conocer el alcance operativo, las responsabilidades institucionales y las condiciones de aplicación. Por ahora, el Senado bonaerense dio un primer respaldo a una regulación que busca reconocer tanto el derecho a recibir asistencia como la actividad de quienes la prestan.
