El Concejo Deliberante de El Chaltén aprobó un proyecto para que una parcela fiscal ocupada por la secretaria municipal de Obras Públicas, Leticia Forto, vuelva al Ejecutivo e ingrese al Banco de Tierras. El lote tiene 800 metros cuadrados y está identificado como Parcela 4 de la Manzana 10, Circunscripción III. La decisión fue adoptada por tres votos contra dos.
Ignacio Moreno Hueyo, Elizabeth Romanelli y Heber Zella acompañaron un dictamen que había quedado en minoría durante el trabajo de comisiones. Carlos Ticó y Estefanía Leyes votaron en contra. El destino previsto es que el terreno pueda adjudicarse al vecino que corresponda de acuerdo con la lista de méritos, una vez completados los pasos administrativos para aplicar la ordenanza.
Moreno Hueyo venía promoviendo presentaciones sobre el caso y sostuvo que existían irregularidades administrativas y éticas. Afirmó que documentación oficial muestra que el Consejo Agrario Provincial había dado de baja la parcela y que, pese a ello, Forto mantuvo la ocupación. La funcionaria integra el Gobierno municipal desde 2020; los cuestionamientos formulados por el concejal son alegaciones políticas y administrativas que deben ser evaluadas en los procedimientos correspondientes.
Según la documentación citada por el edil, el Acuerdo 98 del Consejo Agrario Provincial dejó sin efecto en 2019 la titularidad que tenía Emanuel Montenegro, entonces pareja de Forto. La causa indicada fue la falta de pago y de mejoras. A partir de ese antecedente, el impulsor de la medida considera que el terreno recuperó su carácter fiscal y no existe una adjudicación formal vigente a favor de la funcionaria.
El concejal sostuvo que el caso plantea interrogantes sobre conflicto de intereses porque la ocupante tiene responsabilidades en el área que administra suelo urbano. También cuestionó la respuesta del Ejecutivo y advirtió que un criterio desigual frente a las ocupaciones debilita la autoridad estatal. Esas expresiones representan su posición; la votación no constituye por sí misma una sanción penal ni acredita responsabilidad delictiva.
La ordenanza eleva el reclamo por encima de pedidos y recomendaciones anteriores, pero debe completar el procedimiento correspondiente para entrar en vigencia y ejecutarse. El resultado confirmado es la decisión del Concejo de recuperar e incorporar la parcela al Banco de Tierras. Quedan por delante la actuación del Ejecutivo, la regularización registral y la eventual adjudicación conforme al orden municipal.
