El régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego volvió a quedar en el centro del debate económico después de que el Banco Mundial lo presentara como un caso fallido de política industrial. El señalamiento apunta al costo fiscal del esquema, a la falta de resultados en productividad y a la escasa capacidad del modelo para generar una base exportadora sólida.
El cuestionamiento se apoya en el análisis del régimen creado por la ley 19.640 en 1972, pensado originalmente para poblar y desarrollar el extremo sur argentino. En ese plano demográfico, el balance aparece como favorable: la población fueguina pasó de 13.500 habitantes en 1970 a unos 190.000 en 2022. La discusión, sin embargo, ya no gira solo alrededor del poblamiento, sino sobre la calidad y sostenibilidad del entramado productivo que se consolidó alrededor de los incentivos.
El informe advierte que el apoyo prolongado sin procedimientos claros de reducción ni exigencias de desempeño puede terminar generando incentivos perversos. La última extensión del régimen, aprobada en 2021 y vigente hasta 2038, aparece en ese marco como parte del problema: preservó beneficios, pero sin establecer una transición productiva ni condiciones verificables de mejora tecnológica, productividad o exportaciones.
La dimensión fiscal ocupa un lugar central en la crítica. El costo anual estimado del régimen fue ubicado en torno a los 1.070 millones de dólares, equivalente al 0,22% del Producto Interno Bruto. Esa magnitud fue comparada con partidas sensibles del Estado nacional, como el presupuesto del Conicet y el gasto público en Ciencia y Tecnología, para mostrar el peso del esquema sobre las cuentas públicas.
El diagnóstico también alcanza al consumidor. La protección aplicada durante décadas sobre la industria electrónica fueguina habría sostenido precios más altos en determinados bienes, sin que ese esfuerzo se tradujera en saltos equivalentes de calidad, innovación o inserción externa. Para el Banco Mundial, el caso muestra los límites de una política industrial que mantiene beneficios sin una ruta de salida ni metas exigibles.
La discusión deja a Tierra del Fuego frente a una tensión de fondo: defender una estructura que explica empleo, población y actividad económica en la provincia, o revisar un modelo cuestionado por su costo y sus resultados. El debate ya no se limita a la continuidad formal del régimen, sino a si puede transformarse en una herramienta de desarrollo competitivo sin romper el equilibrio social y territorial que ayudó a construir.
