La disputa entre la Provincia de Tierra del Fuego y la intervención federal del puerto de Ushuaia sumó un nuevo capítulo con la denuncia de un millonario sobreprecio en la licitación para el servicio de limpieza y mantenimiento edilicio de las instalaciones portuarias. La Dirección Provincial de Puertos (DPP) anunció que impugnará el proceso impulsado por la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), al considerar que el pliego contiene irregularidades técnicas y económicas que comprometen la transparencia de la contratación.
El presidente de la DPP, Roberto Murcia, cuestionó el monto previsto para la contratación. Según indicó, el servicio de limpieza que hasta la intervención era prestado bajo administración provincial tenía un costo cercano a los 6,7 millones de pesos mensuales, mientras que la nueva licitación contempla 560 millones de pesos para un período de seis meses. Esto representa un incremento de más del 1.185%, pasando de aproximadamente 7 millones a 90 millones de pesos por mes sin ningún tipo de justificación.
El funcionario sostuvo que el pliego incorpora tareas y espacios que no forman parte de la infraestructura portuaria. Entre ellos mencionó referencias a balcones, azoteas y terrazas, sectores que —según afirmó— no existen dentro del puerto de Ushuaia. Además, incluye trabajos de mantenimiento edilicio que históricamente fueron realizados por personal propio del organismo provincial, a quienes la intervención habría impedido el ingreso mientras avanza con contrataciones privadas para ejecutar las mismas tareas.
Murcia también cuestionó que las licitaciones son financiadas con recursos generados por la actividad portuaria provincial. Si bien reconoció que la Administración General de Puertos administra actualmente las cuentas donde ingresan esos fondos, remarcó que se trata de recursos provenientes del puerto fueguino y destinados a obras sobre bienes cuya jurisdicción continúa siendo reclamada por la Provincia.
En paralelo a la impugnación administrativa, la DPP elaboró un informe técnico donde detalla una serie de observaciones sobre el pliego licitatorio. Entre las principales objeciones figura que el objeto de la contratación resulta ambiguo, ya que no define con precisión el alcance de las tareas ni especifica aspectos centrales como materiales, cantidades de insumos y otros elementos fundamentales para garantizar una competencia equitativa.
El escándalo se suma a la tensión creciente entre la Provincia y el Gobierno nacional por el control del puerto de Ushuaia, una infraestructura clave para la economía fueguina. La intervención federal, impulsada por la administración de Javier Milei, ha generado fricciones con las autoridades provinciales, que reclaman la gestión de los recursos y la jurisdicción sobre las instalaciones portuarias. La impugnación de la DPP busca frenar un proceso que, a su juicio, no solo implica un derroche de fondos públicos, sino también una intromisión en áreas que corresponden a la provincia.
