El debate por el Súper RIGI ya no pasa solamente por los beneficios fiscales o la necesidad de atraer capital. El eje empieza a desplazarse hacia otra pregunta: **qué obtiene la Argentina a cambio de conceder ventajas excepcionales durante treinta años**.
Ariel Aguilar, subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones de la Provincia de Buenos Aires, llevó ese cuestionamiento al Senado durante el tratamiento del proyecto: “**Cero exigencia de desarrollo productivo local**”, sintetizó.
La frase toca uno de los puntos más sensibles para la industria y las cámaras empresarias. Una inversión de US$1.000 millones puede generar proveedores, empleo, tecnología y nuevas capacidades locales. Pero también puede importar casi todo su equipamiento e insumos y operar con escasos vínculos con las empresas argentinas.
Para Aguilar, el proyecto no establece herramientas suficientes para evitar ese segundo escenario. Uno de los puntos cuestionados es que el régimen no garantiza porcentajes obligatorios de compras a proveedores nacionales. “**No hay compre nacional**”, advirtió el funcionario al analizar el alcance del proyecto.
El problema es particularmente relevante para las pymes. Si el Estado concede beneficios impositivos, aduaneros y regulatorios extraordinarios, la discusión es si debe utilizar también esa negociación para exigir integración productiva. La cuestión no es menor: es allí donde una inversión se convierte —o no— en política industrial.
### Treinta años, pero sin contraprestaciones equivalentes
Aguilar también cuestionó los treinta años de estabilidad previstos por el régimen. “**Ningún país ofrece un plazo comparable**”, señaló durante su exposición, poniendo el foco en la magnitud de las garantías otorgadas frente a las obligaciones exigidas.
El argumento es simple: si el Estado resigna recursos y congela condiciones durante tres décadas, debería saber qué obtiene a cambio. El funcionario también reclamó una evaluación del gasto tributario. Es decir, medir cuánto dejará de recaudar el Estado como consecuencia de los beneficios concedidos. No alcanza, desde esa perspectiva, con contabilizar el monto anunciado de una inversión. También debe medirse su costo fiscal y su impacto sobre proveedores, empleo, conocimiento y valor agregado nacional.
### Dos modelos
El planteo expuesto por Aguilar forma parte de la línea productiva que sostiene el Ministerio de Producción bonaerense que encabeza Augusto Costa.
La posición no rechaza las grandes inversiones. Discute bajo qué condiciones deben ingresar. El punto es político y económico: **una inversión no equivale automáticamente a desarrollo**.
Una fábrica puede estar instalada en territorio argentino y, al mismo tiempo, generar pocos encadenamientos con la economía local. Puede importar tecnología, bienes de capital e insumos sin desarrollar proveedores nacionales.
Por eso la discusión del Súper RIGI empieza a transformarse en una discusión sobre el modelo de país. De un lado, una visión que considera suficiente atraer capital y generar condiciones estables para que las inversiones lleguen. Del otro, una política que busca utilizar esas inversiones para desarrollar empresas nacionales, tecnología, empleo calificado y cadenas productivas.
Aguilar pidió al Senado revisar el proyecto antes de avanzar con un dictamen. Su argumento central quedó resumido en una frase que probablemente siga apareciendo en el debate empresario:
**“Si el Estado concede beneficios extraordinarios, también debería exigir desarrollo productivo local”**
