La diputada nacional Victoria Tolosa Paz reclamó que el Gobierno nacional destine recursos al mantenimiento de las rutas 12 y 14 antes de avanzar con nuevos peajes en Misiones. La legisladora planteó el tema durante una reunión del Partido Justicialista provincial y vinculó el estado de los corredores con el uso de la recaudación del impuesto a los combustibles.
Tolosa Paz sostuvo que una parte de ese tributo tiene asignación para el Sistema Vial Integrado y que los usuarios ya aportan fondos cada vez que cargan combustible. Desde esa premisa, cuestionó que deban pagar además una tarifa por circular sobre rutas que no recibieron las obras necesarias. A su juicio, la combinación configura una doble carga si la recaudación vial no vuelve al mantenimiento de la infraestructura.
La diputada puso el foco en las rutas nacionales 12 y 14 y afirmó que la prioridad debe ser transferir a Misiones el dinero necesario para reparar y conservar las trazas. También mencionó la ampliación de la ruta 105, que une Posadas con San José, y otras mejoras de calzada pendientes. Señaló que una concesión puede cobrar peaje cuando el Estado entrega el corredor en condiciones adecuadas, supuesto que cuestionó en este caso.
Su crítica alcanzó el esquema general de concesiones anunciado por la Nación. Consideró que el modelo favorecerá principalmente a los corredores con tránsito suficiente para resultar rentables a operadores privados y preguntó cómo se mantendrán los 31.000 kilómetros de rutas nacionales que, según indicó, quedarían fuera de las licitaciones y sin ingresos por peaje.
Como respuesta, Tolosa Paz anticipó que buscará llevar el reclamo a la Justicia. Recordó que presentó un amparo colectivo en la provincia de Buenos Aires y anunció que pretende extenderlo a las rutas 12 y 14 junto con Entre Ríos. Propuso que Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Misiones coordinen prioridades por tramo, teniendo en cuenta riesgos, frecuencia de circulación y estado de cada calzada.
La propuesta no constituye todavía una resolución judicial ni obliga a ejecutar obras. Se trata de un anuncio político y legal orientado a reclamar la inversión de fondos viales en las provincias atravesadas por el corredor. La discusión queda centrada en dos preguntas: cómo se aplicará la recaudación existente y en qué condiciones podrán cobrarse peajes sin trasladar a los usuarios el costo de una infraestructura deteriorada.
