Jorge Spíndola y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas promovieron un amparo ambiental colectivo ante la Justicia Federal contra el Estado Nacional, YPF y la Provincia del Chubut. La demanda solicita declarar nula el Acta Acuerdo firmada el 26 de junio y ratificada por la Ley XVII N° 166. También pide que la Municipalidad de Comodoro Rivadavia sea citada como tercero.
El convenio transfirió las concesiones de El Tordillo, La Tapera, Puesto Quiroga, Escalante-El Trébol, Campamento Central-Cañadón Perdido y Manantiales Behr. Según la presentación, la ley libera a YPF de responsabilidad pasada, presente y futura por los pasivos ambientales generados durante más de cien años de explotación. A cambio, la empresa comprometió USD 25.000.000, vehículos y terrenos, mientras la Provincia asumió contingencias futuras.
El recurso cuestiona además la inclusión de Restinga Alí. El padrón oficial citado contabiliza 560 pozos en esa zona marina y más de un tercio no registra estado de abandono. Los demandantes afirman que no hubo una auditoría específica ni un acto administrativo que justificara la liberación de responsabilidad. También objetan que el estudio general fue encargado y pagado por YPF sin control técnico provincial independiente.
La acción incorpora argumentos de participación pública y salud. Sostiene que el acuerdo se firmó sin consulta ciudadana previa y menciona pozos inactivos o mal sellados dentro del ejido urbano, algunos bajo viviendas. En Comodoro se registran 6.000 pozos: cerca de 3.700 catalogados como abandonados y 1.700 como inactivos. La demanda vincula esa situación con posibles exposiciones a benceno, tolueno y xilenos.
Los actores estiman que solo el sellado definitivo de pozos urbanos podría costar entre USD 240 millones y USD 740 millones. Como comparación citan el convenio de YPF con Santa Cruz, que contempló USD 335 millones y un plan obligatorio de remediación. También solicitan distribuir responsabilidad patrimonial: al Estado Nacional por pasivos anteriores al 31 de diciembre de 1990 y a YPF por los posteriores.
Como cautelar, pidieron suspender el acuerdo y la ley, impedir la cesión de concesiones a terceras empresas y prohibir operaciones de sellado o abandono sin aviso previo a la parte actora. Ninguna de esas medidas había sido concedida al presentarse la demanda. El próximo paso será la decisión de la Justicia Federal sobre la cautelar y luego sobre el fondo; por ahora, el convenio sigue cuestionado, pero no fue anulado judicialmente.
