El Gobierno de La Rioja oficializó el Plan Quinquenal para el Desarrollo Minero 2026-2030 y definió a la actividad como uno de los ejes de su estrategia económica. La propuesta busca ampliar la exploración, atraer capital y vincular a la provincia con la demanda global de minerales críticos. El anuncio abre una etapa de planificación; no significa que toda la superficie involucrada esté en producción ni que las inversiones estén aseguradas.
El cobre y el litio ocupan el centro del programa por su uso en baterías, vehículos eléctricos, redes y energías renovables. El documento proyecta avanzar sobre 566.180 hectáreas en prospección y 64.681 hectáreas en exploración inicial, distribuidas en distintos departamentos y asociadas con iniciativas privadas, EMSE y Kallpa. En conjunto superan 630.000 hectáreas, pero corresponden a dos fases tempranas distintas.
El plan propone articular al Estado provincial con universidades, empresas, el Consejo Federal de Inversiones y organizaciones comunitarias. Sus objetivos incluyen empleo calificado, proveedores locales, industrialización e infraestructura. La promesa responde a una dificultad estructural de La Rioja: ampliar el trabajo formal privado y diversificar una economía con fuerte presencia estatal. Los resultados dependerán de proyectos concretos y de cómo se distribuyan sus beneficios.
El agua aparece como el punto más sensible. El Gobierno plantea evaluaciones ambientales estratégicas, inventarios hídricos en áreas mineras, seguimiento permanente del consumo y sistemas de reutilización y recirculación. También propone infraestructura digital para fortalecer controles. Esos instrumentos están formulados en el plan, pero su eficacia deberá verificarse mediante datos públicos, fiscalización y capacidad institucional en cada emprendimiento.
La estrategia incorpora información permanente, audiencias, mesas departamentales y monitoreo ambiental participativo. El objetivo es construir licencia social, entendida como respaldo comunitario al desarrollo de los proyectos. La existencia formal de mecanismos de participación no garantiza por sí sola el consenso: la escasez hídrica, los antecedentes de conflicto y la protección de ecosistemas de montaña mantienen abierta la discusión provincial.
El próximo período deberá mostrar qué áreas avanzan de prospección a exploración, qué empresas comprometen fondos y cómo funcionan los controles de agua y participación. El plan fija una prioridad política hasta 2030 y ofrece un diseño institucional para acompañarla. La prueba decisiva será transformar esa hoja de ruta en empleo, inversión y transparencia sin tratar la aceptación social como un resultado ya obtenido.
