El diputado nacional Oscar Herrera Ahuad anticipó que rechazará el proyecto del Gobierno sobre inviolabilidad de la propiedad privada y flexibilización de restricciones para adquirir tierras. Su objeción no parte de una defensa abstracta del Estado: sostiene que, en Misiones, facilitar transferencias puede acelerar ventas forzadas de pequeños productores endeudados y alterar el control territorial.
La provincia tiene cerca de 500.000 habitantes rurales, alrededor del 30% de su población, y unos 15.000 productores yerbateros atravesados por una crisis de ingresos. Herrera Ahuad advierte que, si la tierra se trata únicamente como activo de mercado, una familia sin capacidad financiera puede perder su unidad productiva y abandonar el lugar donde vive y trabaja.
El exgobernador alineó su posición con Hugo Passalacqua, intendentes, organizaciones sociales y la Iglesia. La Red de Mujeres y el activista Rulo Bregagnolo también cuestionaron el proyecto. Para la Iglesia, la tierra no es una mercancía cualquiera; para los municipios, su administración debe decidirse desde Misiones y no mediante reglas uniformes definidas en Buenos Aires.
La discusión incorpora una dimensión federal y ambiental. Misiones comparte cerca del 90% de sus límites con Paraguay y Brasil, contiene parte del acuífero Guaraní y conserva remanentes relevantes de selva paranaense. Una mayor concentración o extranjerización, según los críticos, no afectaría solo precios: comprometería agua, alimentos, biodiversidad y presencia poblacional en zonas fronterizas.
Herrera Ahuad recordó que, durante su gestión, la entrega de títulos de propiedad fue una de sus mayores satisfacciones. Ese antecedente le permite diferenciar dos ideas: consolidar la seguridad jurídica de quienes ocupan y producen, y liberar operaciones que podrían desplazar a esos mismos habitantes. Su rechazo busca instalar esa distinción en el debate nacional. La advertencia de los productores yerbateros sitúa el problema en una economía concreta. Cuando el precio de la producción no cubre costos y el crédito escasea, la venta de una chacra puede presentarse como una decisión voluntaria aunque esté determinada por la urgencia financiera, argumento central de quienes reclaman salvaguardas.
El proyecto deberá reunir votos en el Congreso, donde el Frente de Innovación Federal puede ser decisivo en una votación ajustada. El próximo paso será conocer el articulado definitivo y si incluye salvaguardas para pequeños productores, recursos estratégicos y áreas de frontera. Sin esas garantías, Herrera Ahuad mantendrá su voto negativo y el conflicto federal seguirá abierto. La posición misionera obligará además a discutir si una norma nacional debe admitir tratamientos especiales para provincias fronterizas o si esas excepciones debilitarían el principio general que promueve el Ejecutivo.
