El reclamo por el empleo petrolero volvió a ocupar el centro de la agenda santacruceña. La senadora nacional Natalia Gadano respaldó el planteo del Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables para que Pan American Energy priorice la contratación de mano de obra local en las operaciones que desarrolla dentro del territorio de Santa Cruz.
El punto de conflicto está en el sector santacruceño de Cerro Dragón, uno de los yacimientos hidrocarburíferos más importantes del país. La zona se extiende entre Chubut y Santa Cruz, pero el reclamo apunta a que la actividad realizada sobre suelo santacruceño tenga un correlato directo en puestos de trabajo para habitantes de la provincia.
La discusión se apoya en la Ley Provincial 90/10, que promueve la incorporación de trabajadores locales en la actividad productiva. Para Gadano, su cumplimiento efectivo permitiría abrir oportunidades laborales para familias santacruceñas y corregir una situación en la que, según el planteo gremial, parte de las tareas se ejecutan con personal y empresas radicadas fuera de la provincia.
El área cuestionada registra una producción aproximada de 1.300 metros cúbicos diarios de petróleo y cuenta con más de 450 pozos en funcionamiento. Ese peso productivo refuerza la demanda política: si Santa Cruz aporta recursos, producción y riqueza, la explotación también debería dejar empleo, ingresos y desarrollo en las comunidades donde se extraen esos recursos.
El planteo aparece en un momento sensible para el mercado laboral petrolero provincial, atravesado por la salida de YPF de áreas maduras y por la necesidad de sostener puestos de trabajo en la cuenca. En ese escenario, la discusión sobre proveedores, empresas contratistas y residencia de los trabajadores se convierte en una cuestión estratégica para la economía regional.
Gadano buscó presentar el reclamo como una defensa del trabajo santacruceño y no como una disputa con Chubut. La diferencia no es menor: el debate no se limita a la frontera administrativa de un yacimiento compartido, sino a cómo se distribuyen los beneficios sociales de una actividad que sigue siendo central para la estructura económica de Santa Cruz.
La exigencia a PAE deja planteada una pregunta de fondo para la provincia: quién captura el valor laboral de sus recursos naturales. La respuesta dependerá de la capacidad estatal, gremial y empresaria para convertir la normativa vigente en contratación concreta, formación local y oportunidades estables en las zonas petroleras.
