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Formosa convierte la ley de tierras en una disputa por soberanía y fronteras

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La senadora Tessie González encabezó un conversatorio del PJ y advirtió que el proyecto nacional eliminaría restricciones a compradores extranjeros en zonas fronterizas. También cuestionó cambios sobre manejo del fuego y desalojos antes del debate del 6 de agosto.

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El Partido Justicialista de Formosa convirtió el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en un debate territorial antes de su tratamiento en el Congreso. En un conversatorio abierto realizado el 31 de julio en el Estadio Centenario de la capital provincial, dirigentes y legisladoras analizaron la iniciativa que llegará al Senado el 6 de agosto. La exposición central quedó a cargo de la senadora nacional María Teresa “Tessie” González.

González sostuvo que la discusión excede la compraventa de inmuebles porque involucra soberanía, población y territorio. Extendió ese concepto al espacio continental, insular, oceánico y antártico de la Argentina y afirmó que esos elementos forman una unidad respaldada por el derecho internacional. Desde esa perspectiva, presentó el proyecto del Ejecutivo nacional como una modificación capaz de alterar las protecciones históricas sobre el suelo y los recursos.

La advertencia adquirió una dimensión específica por la ubicación de Formosa. La senadora afirmó que la iniciativa elimina los límites para la adquisición de tierras por extranjeros y anula restricciones particulares vigentes en áreas de frontera. Para una provincia limítrofe, argumentó, esa apertura tiene una gravedad mayor porque reduce los controles sobre espacios donde la propiedad privada se cruza con consideraciones de seguridad y soberanía territorial.

Su crítica se amplió a los cambios previstos en materia de manejo del fuego. González señaló que se suprimirían períodos de protección y recomposición ambiental de bosques, establecidos entre 30 y 60 años, después de incendios. Según su planteo, la reducción de esos límites puede favorecer la especulación inmobiliaria sobre terrenos quemados y debilitar las barreras destinadas a impedir que el fuego se convierta en un mecanismo para cambiar el uso del suelo.

La legisladora también cuestionó el llamado “desalojo exprés”. Sostuvo que ese procedimiento desplaza garantías hacia los propietarios y reduce la protección de inquilinos en un país donde cifró el déficit habitacional en más de 3,5 millones de viviendas. Así, el conversatorio unió tres asuntos que el PJ formoseño considera conectados: venta de tierras, protección ambiental y derechos de quienes ocupan o alquilan inmuebles.

El encuentro cerró con una definición política alineada con el gobernador Gildo Insfrán. González contrapuso la postura de Formosa con la de mandatarios dispuestos a acompañar la iniciativa y llamó a defender los recursos para las próximas generaciones. La prueba inmediata será la sesión del 6 de agosto: allí se verá si las objeciones de provincias fronterizas modifican el proyecto o si el oficialismo nacional consigue aprobar el esquema cuestionado.

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