El Congreso del Partido Justicialista de Mendoza terminó sin aprobar las reformas institucionales que promovía la conducción y dejó abierta una disputa adicional sobre diez dirigentes sancionados por competir en elecciones municipales fuera de la estructura partidaria. La controversia enfrenta a los sectores vinculados con los hermanos Félix y Carlos Ciurca con el kirchnerismo, y gira alrededor de una pregunta precisa: si las inhabilitaciones ya están firmes o si continúan suspendidas por las apelaciones.
El origen del caso se remonta al 27 de abril, cuando el Tribunal de Disciplina dictó la Resolución 02/2026. El organismo consideró responsables a diez afiliados que integraron listas de Fuerza Patria en las elecciones municipales del 22 de febrero sin la autorización previa del Congreso Provincial exigida por la Carta Orgánica. La decisión calificó la conducta como falta grave, aunque descartó la expulsión o la desafiliación de los involucrados.
Las sanciones establecieron tres consecuencias por un plazo de tres años: impedimento para ocupar cargos partidarios, inhabilitación para ser precandidatos o candidatos del PJ o de sus alianzas y pérdida automática de la antigüedad partidaria. Los alcanzados fueron Paloma Scalco, Bruno Ceschin, Hipólito Martínez, Gisela Flores, Nadir Yassuf, Mariela Herrera, Facundo Martín, Sebastián Videla, Katherina Hidalgo Acosta y Daniel Mazurenco.
El kirchnerismo sostiene que el procedimiento no concluyó. Una cédula del 29 de mayo confirma que el Tribunal tomó conocimiento de ocho apelaciones y las admitió por haber sido presentadas en tiempo y forma. Cinco recursos ingresaron el 12 de mayo y otros tres el día 15. El organismo otorgó diez días hábiles para presentar agravios y dispuso elevar las actuaciones al Consejo Provincial una vez cumplido ese plazo. El expediente citado no incluye apelaciones de dos de los diez sancionados, una diferencia que también deberá ser considerada al definir si la situación jurídica partidaria es idéntica para todos.
Para los dirigentes sancionados y sus aliados, la admisión de los recursos suspendió los efectos de la resolución hasta que el órgano partidario resuelva el fondo de la controversia. Por eso rechazan que la simple notificación realizada durante el Congreso haya convertido las sanciones en definitivas. Los sectores de los Félix y el ciurquismo interpretan lo contrario: consideran que la comunicación formal dejó vigente lo dispuesto por el Tribunal de Disciplina.
El desacuerdo disciplinario apareció después de que el oficialismo partidario tampoco reuniera los dos tercios necesarios para sus reformas. La modificación de la Carta Orgánica obtuvo 55 votos afirmativos y 30 negativos. La propuesta referida al Tribunal de Disciplina reunió 62 apoyos y 33 rechazos. Ambas iniciativas quedaron por debajo de la mayoría especial, lo que mantuvo las reglas actuales y expuso las dificultades de la conducción para ordenar a las corrientes internas.
El sector de la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, cuestionó además el esquema de integración impulsado por la conducción y reclamó una representación más amplia de los distintos espacios. Esa posición amplió la discusión más allá de las sanciones y mostró que el conflicto incluye la distribución del poder partidario, la composición de sus órganos y las reglas con las que se definirán candidaturas y alianzas en el próximo ciclo electoral.
La documentación disponible acredita tanto la resolución sancionatoria como la admisión de ocho apelaciones, pero no permite establecer por sí sola que las inhabilitaciones hayan quedado definitivamente firmes. El próximo paso será una decisión del órgano competente sobre los recursos y su efecto suspensivo. Hasta entonces, el PJ mendocino mantiene abiertas dos discusiones vinculadas: cómo reformar su organización y qué derechos conservan los dirigentes que compitieron por fuera. Una resolución tardía podría incidir en la participación de los afectados en la vida orgánica, en la integración de listas y en la negociación de alianzas del próximo proceso electoral.
