A 37 días de la visita del papa León XIV a la Argentina, la Casa Rosada decidió evitar una confrontación pública con la Iglesia católica. La definición se produjo después de que el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, describiera un país atravesado por dificultades económicas y sociales, división política, descalificación e intolerancia. El Gobierno no refutó formalmente ese diagnóstico y mantuvo abierta la coordinación institucional.
En el oficialismo, la lectura predominante fue rescatar los pasajes del mensaje episcopal que aludieron a una sociedad que no baja los brazos. Esa interpretación permitió responder sin entrar en una disputa directa sobre pobreza, empleo, endeudamiento o convivencia política. La estrategia tiene como marco una visita papal de alta exposición pública y la intención de que su organización reúna a autoridades nacionales, provinciales y eclesiásticas.
Las declaraciones de García Cuerva también precedieron a la peregrinación juvenil a Luján, una convocatoria anual que la Iglesia espera que movilice a más de un millón de personas. El arzobispo sostuvo que León XIV encontrará una Argentina en crisis y afectada por la grieta. Se trata de una evaluación del prelado, no de una conclusión acordada con el Poder Ejecutivo, que optó por no discutirla públicamente.
La excepción dentro del Gobierno fue Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior. Desde su cuenta personal cuestionó al arzobispo y le pidió que se concentrara en la tarea religiosa. Su intervención contrastó con el silencio de las áreas que responden a la Secretaría General de la Presidencia, donde se evitó comentar el discurso y se insistió en sostener reuniones con representantes de la Iglesia.
Karina Milei aparece como la principal responsable política de la relación operativa con el Vaticano y de la agenda del pontífice. La última reunión institucional difundida para ordenar la visita había ocurrido a mediados de septiembre. En aquella instancia, la Secretaría General destacó que la coordinación había reunido a fuerzas políticas y organismos estatales, una señal que el Gobierno procura preservar durante las semanas previas al arribo.
En paralelo, dentro de la administración existen dudas sobre el funcionamiento de la Secretaría de Culto y Civilización, conducida por Agustín Caulos. El funcionario reemplazó a Nahuel Sotelo, quien había iniciado gestiones y mantenía vínculos con la Santa Sede antes de volver a la Legislatura bonaerense. La relación central con el Vaticano quedó, de acuerdo con la información disponible, concentrada en la secretaria general de la Presidencia.
La tensión no se limita a una diferencia discursiva. La Iglesia viene colocando en la agenda pública cuestiones como la pobreza, el endeudamiento familiar, el trabajo y la necesidad de diálogo, mientras el Ejecutivo busca que esas intervenciones no se conviertan en un conflicto político durante la visita. El equilibrio oficial consiste en mantener los canales abiertos sin adoptar como propias las críticas de los obispos ni responderlas con una ofensiva institucional.
El próximo paso será una nueva ronda de reuniones para cerrar itinerarios, sedes, seguridad y participación de autoridades. Hasta entonces, la Casa Rosada sostendrá la línea de no confrontación, salvo expresiones individuales como la de Núñez. La capacidad de separar la organización de la visita de las diferencias sobre la situación social será una de las condiciones centrales del vínculo entre el Gobierno y la Iglesia en las próximas semanas.
