El Gobierno del Chaco informó que desembolsó USD 34 millones para pagar la sexta cuota del bono internacional vinculado con el pasivo judicial histórico de la provincia. El vencimiento estaba previsto para el 13 de agosto y, según la administración provincial, fue atendido en tiempo y forma dentro del cronograma de nueve cuotas establecido para el instrumento.
La operación fue confirmada por el ministro de Hacienda y Finanzas, Alejandro Abraam. El bono había sido emitido para cancelar obligaciones surgidas de fallos y reclamos judiciales acumulados. Con este pago, la provincia completó dos tercios de las cuotas previstas, aunque todavía conserva tres vencimientos antes de concluir el esquema de amortización.
El área económica ubicó el desembolso dentro de un programa de ordenamiento y fortalecimiento de las cuentas públicas. Su objetivo declarado es regularizar pasivos heredados sin comprometer la operatividad cotidiana del Estado. La presentación oficial también vinculó el cumplimiento con la seguridad jurídica y la credibilidad frente a mercados de crédito e inversores institucionales.
Desde el Ejecutivo sostuvieron que atender compromisos internacionales puede mejorar las condiciones para proyectos privados de infraestructura, agroindustria y otras actividades productivas. Esa lectura expresa la estrategia financiera del Gobierno: el pago reduce incertidumbre sobre una obligación existente, pero no constituye por sí solo una nueva inversión ni garantiza el ingreso de capitales o la creación de empleo.
La liquidación de la sexta cuota coloca al saldo remanente en la fase final del plan. La administración espera que la menor cantidad de vencimientos pendientes facilite la programación del flujo de fondos en los próximos ejercicios presupuestarios. El efecto concreto dependerá del monto y calendario de las tres cuotas restantes y de la evolución general de ingresos y gastos provinciales. El anuncio no detalló el valor agregado de esos vencimientos pendientes.
El hecho confirmado es el pago de USD 34 millones correspondiente al vencimiento de agosto. El Gobierno lo presentó como una señal de solvencia institucional y ratificó que continuará priorizando el cumplimiento de obligaciones. La cancelación integral del bono, sin embargo, todavía no se produjo y requerirá completar los tramos restantes del programa y del cronograma vigente.
