La crisis de Celulosa Argentina volvió a mostrar su costado laboral en Santa Fe. Mientras el concurso preventivo se extiende por la cantidad y complejidad de reclamos de acreedores, la empresa ofreció pagar de inmediato apenas el 30% de los salarios y completar el resto la semana siguiente, sujeto a la obtención de financiamiento.
El expediente tramita en el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de Primera Nominación de San Lorenzo. La sindicatura recién presentaría el informe individual el 30 de marzo de 2027, instancia clave para definir qué créditos serán reconocidos y por qué montos. Antes, el 10 de noviembre de 2026, se espera un informe de avance sobre la revisión documental.
La demora judicial se suma a un cuadro financiero de gran escala. El pasivo estimado al momento de la presentación superaba los 140 millones de dólares, luego de que la compañía no pudiera afrontar vencimientos de corto plazo por unos 18,5 millones de dólares. La situación dejó expuesta la fragilidad de una firma histórica, con plantas y proveedores atravesados por la falta de liquidez.
El intento de rescate también quedó condicionado por movimientos societarios y activos estratégicos. CIMA Investments tomó el control accionario de la empresa en 2025 por un valor simbólico, con un plan que incluía asumir deuda financiera, lanzar una oferta pública obligatoria e inyectar capital de trabajo para reactivar operaciones en Capitán Bermúdez y Zárate.
La tensión aumentó con la intervención plena de Forestadora Tapebicuá, una sociedad controlada por Celulosa y clave para el abastecimiento de madera. La designación de una interventora desplazó a la administración anterior con el objetivo de preservar activos en medio de la reestructuración y antes del período de exclusividad previsto para octubre.
El frente más sensible es el de los trabajadores. En una audiencia ante el Ministerio de Trabajo provincial, la empresa planteó su dificultad de caja y condicionó el pago restante de los salarios a la obtención de crédito y a que no se realizaran medidas de fuerza. Los gremios rechazaron la propuesta y cuestionaron además las acusaciones empresarias sobre supuestos sabotajes en maquinaria del complejo de Capitán Bermúdez.
El caso concentra, en una misma escena, crisis industrial, deuda financiera y conflicto salarial. Para Santa Fe, el desenlace no solo importa por la continuidad de una compañía centenaria, sino también por el impacto sobre empleos, proveedores y actividad productiva en una región donde cada paralización industrial se siente más allá de la planta.
