El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos dictó sentencia en el juicio por la tragedia del submarino ARA San Juan, hundido en noviembre de 2017 en el Atlántico Sur con 44 tripulantes a bordo.
El capitán de navío Claudio Javier Villamide, quien conducía la Fuerza de Submarinos al momento del naufragio, fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional.
Los jueces lo consideraron penalmente responsable, por mayoría, de incumplimiento de los deberes de funcionario público y de estrago culposo agravado por la muerte de los 44 submarinistas.
En el mismo fallo, el tribunal absolvió por unanimidad al contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, entonces comandante de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada, y a los capitanes Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa.
Los fundamentos completos de la sentencia serán dados a conocer el 21 de agosto. Hasta entonces, el fallo deja abiertas discusiones jurídicas, institucionales y familiares sobre responsabilidades, prueba, cadena de mando y deberes de control.
La decisión se apartó de los pedidos del Ministerio Público Fiscal, que había solicitado penas para los cuatro oficiales. Las querellas que representan a familiares de las víctimas también habían reclamado condenas más amplias por lo que definieron como imprudencia grave y sistemática.
El abogado querellante Luis Tagliapietra, padre de uno de los submarinistas fallecidos, anticipó que apelará y que pedirá la nulidad del juicio ante la Cámara de Casación Penal.
El caso vuelve a colocar al Estado argentino ante una herida abierta: la búsqueda de justicia por los 44 tripulantes del ARA San Juan y la necesidad de esclarecer cómo se asignan responsabilidades en operaciones militares de alto riesgo.
