El Senado de Salta aprobó la designación de Javier Cancinos para integrar la Auditoría General de la Provincia y le tomó juramento en una sesión especial. El trámite llegó después de una audiencia pública realizada el día anterior y de un proceso que incluyó presentación de antecedentes, impugnaciones y evaluación por la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones.
Javier Cancinos cuenta con una trayectoria de alrededor de treinta años en distintas funciones de la administración pública provincial y municipal. Durante la audiencia, trabajadores del organismo y legisladores destacaron su experiencia contable, su conocimiento operativo y su desempeño previo. El respaldo técnico fue uno de los principales argumentos a favor de su continuidad.
La objeción más fuerte provino de Roque Cornejo, quien votó en contra y sostuvo que el procedimiento vulnera la Constitución provincial y la ley especial. El senador cuestionó particularmente la posibilidad de reelección de un auditor cuyo mandato es de ocho años y la forma en que se garantiza la representación de la oposición dentro del órgano.
El conflicto no es menor porque la Auditoría General debe controlar externamente la administración pública. Su credibilidad depende no solo de la capacidad técnica de sus integrantes, sino también de independencia política, pluralidad y reglas claras para la duración de los mandatos. Un órgano de control percibido como demasiado cercano al oficialismo pierde fuerza incluso si produce informes técnicamente correctos.
Durante la audiencia también se presentaron apoyos de agentes de planta permanente, que valoraron la eficacia y el conocimiento institucional de Cancinos. Esa opinión aporta una mirada interna relevante, aunque no resuelve por sí sola las objeciones jurídicas. Idoneidad y legalidad son dimensiones complementarias y ambas deben quedar suficientemente acreditadas.
El Senado siguió el procedimiento previsto por la Constitución y su reglamento para audiencia pública y tratamiento del pliego. Sin embargo, la existencia de cuestionamientos formales obliga a que los fundamentos de la designación sean accesibles y detallados. Publicar dictámenes, objeciones y respuestas contribuiría a fortalecer la legitimidad del resultado.
Javier Cancinos sostuvo que la Auditoría debe cumplir también una función orientadora para la gestión pública. Ese enfoque puede mejorar prevención y corrección temprana, pero debe evitar confundir asesoramiento con indulgencia. El órgano necesita conservar capacidad para observar, exigir regularización y señalar responsabilidades cuando corresponda.
El próximo paso será evaluar cómo se integra Cancinos en la nueva etapa del organismo y si las objeciones continúan por vías judiciales o políticas. La designación será legítima en la práctica si la Auditoría produce controles independientes, transparentes y útiles. El verdadero examen no estará en el juramento, sino en la calidad y autonomía de los informes que emita.
