El Gobierno de Santa Cruz y el Tribunal Superior de Justicia acordaron comenzar a resolver dos asuntos que condicionan el funcionamiento del Poder Judicial: un incremento salarial pendiente y las necesidades de infraestructura. El gobernador Claudio Vidal recibió al presidente del tribunal, Gabriel Contreras, junto con el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes. La reunión terminó con el compromiso de iniciar los pagos y mantener una agenda de coordinación entre ambos poderes.
La decisión salarial alcanza un acuerdo celebrado durante el año pasado que todavía no había sido implementado. El Ejecutivo provincial lo presenta como un compromiso asumido con los trabajadores judiciales y como parte de un proceso de normalización financiera. El cambio concreto anunciado es el comienzo de la efectivización del aumento; la información difundida no detalló montos, cantidad de etapas ni un calendario completo para cancelar lo adeudado.
Verbes explicó que las autoridades coordinaron el inicio del pago y que, en la misma conversación, abordaron inversiones que debe realizar el Poder Judicial. De esa manera, la reunión vinculó el cumplimiento de una obligación laboral con la planificación material del servicio. El acuerdo no quedó limitado a una recomposición de ingresos, sino que incorporó las condiciones en las que trabajan las dependencias judiciales y atienden a la población.
La infraestructura constituye el segundo frente. El Gobierno y el Tribunal analizaron requerimientos destinados a mejorar la capacidad operativa y responder a una demanda creciente del servicio de justicia en toda Santa Cruz. La discusión comprende edificios y otras inversiones estratégicas, aunque no se anunciaron obras individualizadas, presupuestos o plazos. Antes de ejecutar proyectos, las partes deberán convertir esas necesidades generales en prioridades y decisiones financiables.
El encuentro también fijó un método de relación: una agenda de trabajo permanente para coordinar acciones e impulsar proyectos prioritarios. Esa articulación reúne al Ejecutivo, responsable de la administración financiera provincial, y a la máxima autoridad judicial, que identifica las necesidades de su poder. El objetivo declarado es sostener el diálogo, la planificación y la cooperación institucional sin reducir el vínculo a una reunión aislada o a la atención de una urgencia salarial.
La secuencia que queda abierta es verificable. Primero deberá comenzar el pago del aumento acordado y pendiente desde el año anterior. Luego, el Gobierno y el Tribunal tendrán que definir qué inversiones de infraestructura avanzarán, con qué alcance y bajo qué programación. La reunión estableció la mesa y reconoció ambos problemas, pero su resultado se medirá por la implementación: el cumplimiento efectivo con los trabajadores y la transformación de la agenda conjunta en mejoras concretas para el servicio de justicia provincial.
