Dos proyectos presentados en la Legislatura porteña cuestionaron la licitación mediante la cual el Gobierno de la Ciudad busca concesionar una bóveda del Cementerio de la Recoleta por cinco años. Las iniciativas ponen el foco en la habilitación de actividades comerciales y turísticas dentro del predio, su compatibilidad con la normativa funeraria y la protección patrimonial del lugar.
El expediente 2482-D-2026, impulsado por Manuela Thourte junto con Guillermo Suárez, propone que la Legislatura manifieste preocupación por el procedimiento. El expediente 2487-D-2026, presentado por Bárbara Rossen con Francisco Caporiccio y Claudia Neira, solicita informes al Poder Ejecutivo sobre los antecedentes, criterios y organismos que intervinieron en la decisión de ofrecer el espacio.
La licitación fue convocada por la Disposición 278/DGCOYP/26 y publicada el 7 de agosto. Abarca una superficie aproximada de 24,55 metros cuadrados en la Sección 17, Tablón 201, Sepulturas 1 a 12. La apertura de ofertas está prevista para el 9 de septiembre a las 11. El canon base fue fijado en $1,6 millones mensuales y el turismo nocturno sumaría una participación mínima del 20% de los ingresos brutos.
El pliego admite una tienda de publicaciones y objetos conmemorativos, venta para llevar de alimentos y bebidas simples, y visitas nocturnas de carácter cultural, educativo o recreativo. Uno de los interrogantes centrales surge del artículo 22 de la Ley 4977, que prohíbe actividades comerciales dentro de los cementerios porteños. El pedido de informes exige que el Ejecutivo explique la interpretación jurídica utilizada para avanzar.
Los autores también señalaron que el cementerio integra el Área de Protección Histórica APH14 Ámbito Recoleta y que la parcela posee protección integral. Recordaron que el predio contiene unas 4.500 bóvedas y más de 90 sepulcros declarados Monumentos Históricos Nacionales. A la conservación material agregaron el respeto por su función como lugar de sepultura y duelo.
El futuro concesionario tendría 30 días hábiles desde la toma de posesión para presentar el plan definitivo de obra, adecuación y mejoras y tramitar las autorizaciones correspondientes. Por ahora, la concesión no está adjudicada y los proyectos legislativos no suspenden automáticamente la licitación. Su tratamiento determinará si el Ejecutivo debe ampliar formalmente las explicaciones antes de la apertura de ofertas.
