Papelera del Sur ratificó su decisión de cerrar la planta de Tornquist durante una audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo bonaerense, pese a las alternativas de asistencia planteadas por la Provincia y el municipio. El conflicto amenaza con dejar sin empleo a unos 160 trabajadores, entre personal bajo convenio y fuera de convenio, y golpea a una localidad de poco más de 7.500 habitantes donde la fábrica funcionó durante más de seis décadas.
Gustavo Lanaro, secretario general del sindicato papelero, quedó como uno de los protagonistas de una negociación que todavía conserva una ventana mínima. El gremio consiguió una prórroga hasta el jueves 12 de noviembre y pidió que en la próxima audiencia participen directamente los propietarios del grupo Interpack, al que pertenece la planta, para evitar que la discusión quede limitada a representantes sin capacidad final de decisión.
La empresa argumenta falta de rentabilidad y dificultades para competir con cartulina importada, en particular desde Brasil. La planta llevaba meses con actividad reducida y había atravesado suspensiones y recortes de producción. Los trabajadores, según relató Lanaro, aceptaron previamente reducciones temporales de actividad y salario para sostener los puestos, lo que alimenta la sensación de que se agotaron concesiones antes de la decisión definitiva.
El Ministerio de Trabajo intervino de oficio y ofreció alternativas para sostener la operación. También participaron autoridades municipales y provinciales. La compañía, sin embargo, mantuvo su postura. El rechazo obliga a precisar qué tipo de ayuda se ofreció, por cuánto tiempo, con qué condiciones y si existía un plan de reconversión productiva capaz de responder al problema estructural de costos y tecnología.
El cierre tiene una dimensión industrial que excede a Tornquist. Papelera del Sur producía cartulina encapada reciclada para envases y funcionaba en una cadena asociada con reciclado, packaging, logística y comercios. Si la firma sustituye producción local por materia prima importada, el efecto no se limita a 160 salarios: también se pierden compras, servicios, capacidades técnicas y circulación de ingresos en la economía regional.
Al mismo tiempo, sería insuficiente atribuir todo el problema a las importaciones. La empresa opera con equipamiento antiguo, enfrenta cambios en demanda y costos y forma parte de un grupo con otras plantas. La discusión pública necesita conocer productividad, inversión reciente, costos energéticos, logística, escala y alternativas de modernización para evaluar si el cierre responde a una inviabilidad objetiva o a una decisión corporativa de reorganización.
Gustavo Lanaro apuesta ahora a una negociación con los propietarios y a explorar conciliación, procedimiento preventivo de crisis o asistencia condicionada. Cualquier salida debería evitar subsidios sin contrapartidas. Si el Estado aporta recursos, la empresa tendría que comprometer continuidad, inversión, metas de producción y conservación de empleo durante un plazo verificable.
El 12 de noviembre será el próximo punto crítico. Si Interpack concurre y acepta discutir una reconversión, todavía puede abrirse una salida. Si mantiene el cierre, Provincia, municipio y sindicato deberán concentrarse en indemnizaciones, recolocación y diversificación productiva de Tornquist. La última negociación será relevante no solo para salvar puestos, sino para definir si existe una política capaz de intervenir antes de que una planta histórica desaparezca definitivamente.
