La crisis de Granja Tres Arroyos llegó a una reunión directa entre el Gobierno de Entre Ríos y los sindicatos que representan a la planta de Concepción del Uruguay. Rogelio Frigerio recibió a dirigentes gremiales para analizar alternativas frente a la paralización del establecimiento, donde más de 900 trabajadores permanecen sin tareas y reclaman salarios adeudados desde fines de abril. Participaron también el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano.
El gobernador manifestó su acompañamiento a los empleados afectados y ratificó que la Provincia continuará interviniendo y siguiendo el conflicto. Esa participación ya incluye medidas de emergencia. Un grupo de trabajadores comenzó a cobrar un subsidio provincial de 200.000 pesos, complementado con ayuda alimentaria y una tarifa social diferenciada de energía eléctrica para las familias alcanzadas por la falta de actividad.
La asistencia ofrece un alivio inmediato, pero no sustituye la reactivación de la planta ni el pago de los salarios pendientes. Por eso la reunión se concentró en posibles caminos para recuperar la actividad productiva y laboral. El Ejecutivo no anunció un acuerdo con la empresa ni una fecha de regreso al trabajo; mantuvo, en cambio, el compromiso de buscar alternativas y sostener el contacto con los distintos actores involucrados.
Rubén Lafuente, secretario general nacional de la Unión Obrera Molinera Argentina, valoró la disposición de Frigerio y señaló que el problema excede a Entre Ríos porque Granja Tres Arroyos posee actividad en otras provincias. También indicó que el gobernador conoce la situación y mantiene conversaciones con participantes del sector. La dimensión interprovincial agrega actores a una crisis cuyo impacto inmediato se concentra en Concepción del Uruguay.
Otros dirigentes sindicales colocaron el foco en la continuidad de los puestos. Carlos Molinares, secretario de Organización de la Federación de la Carne, consideró positivo que el Ejecutivo escuchara a las organizaciones. Edgardo Mayer, delegado provincial de Uatre, planteó la necesidad de crear condiciones para atraer inversores capaces de recuperar una actividad con posibilidades de crecimiento. Daniel Leo, de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, destacó el compromiso compartido entre gremios y Provincia para buscar salidas.
La mesa dejó abiertas varias líneas, pero todavía ninguna solución cerrada. El Gobierno provincial seguirá interviniendo, los sindicatos intentarán preservar los más de 900 empleos y la posibilidad de captar inversores aparece como una de las alternativas mencionadas, no como una operación confirmada. Mientras ese trabajo avance, el subsidio, la ayuda alimentaria y la tarifa social funcionan como respuesta transitoria para familias que siguen sin actividad laboral y con remuneraciones acumuladas desde abril.
