Exar inició una nueva etapa de obras de infraestructura en el Salar de Cauchari-Olaroz bajo el régimen del RIGI. Carlos Sadir encabezó el acto y presentó la inversión como una oportunidad para ampliar empleo, actividad de proveedores y desarrollo en la Puna. La compañía estima que la fase incorporará alrededor de 140 trabajadores y que la ejecución quedará en manos de una unión de empresas jujeñas.
El proyecto se vincula con la operación de producción de carbonato de litio y busca reforzar la infraestructura necesaria para sostenerla. El presidente de Exar, Simón Pérez Alsina, atribuyó al RIGI la previsibilidad de largo plazo requerida para avanzar. Esa estabilidad puede mejorar la rentabilidad de la inversión, pero su evaluación pública debe incluir compromisos de producción, plazos, beneficios fiscales y resultados territoriales.
El Gobierno provincial pone el acento en el contenido local. La adjudicación a firmas jujeñas, la contratación de trabajadores de la zona y el desarrollo de proveedores especializados pueden multiplicar el impacto más allá de la mina. Para que ese objetivo sea verificable, conviene publicar porcentajes de compras provinciales, cantidad de empresas incorporadas, duración de los contratos y evolución de los salarios.
La presencia de trabajadores de comunidades cercanas en distintas etapas del proceso fue presentada como evidencia de inclusión. Siete comunidades del pueblo Atacama participan de una mesa mensual con la empresa para discutir bolsa de trabajo, proveedores, programas de desarrollo e inquietudes ambientales. El mecanismo ofrece una vía de diálogo, aunque su legitimidad dependerá de actas, acceso a información y capacidad de incidir en decisiones.
Jemse destacó que la actividad también se apoya en infraestructura energética provincial y en la electricidad del complejo solar Cauchari. La combinación de litio y energía renovable fortalece la narrativa de transición energética, pero no elimina los impactos propios de la extracción. Agua, salmueras, residuos, biodiversidad y tránsito requieren monitoreo independiente y datos públicos comprensibles.
La formación de recursos humanos aparece como otro eje. La articulación con universidades puede crear técnicos, operadores, profesionales y proveedores capaces de permanecer en Jujuy aun cuando cambie el ciclo de un proyecto. La meta debería ser que la inversión deje capacidades transferibles y no solo puestos temporarios asociados con la construcción.
El RIGI ofrece estabilidad e incentivos, pero la contrapartida provincial debe medirse con criterios económicos y sociales. Empleo local, compras, impuestos, participación comunitaria y cuidado ambiental deben formar parte de una matriz de resultados. Sin indicadores, el concepto de desarrollo puede quedar reducido a anuncios de inicio de obra y a estimaciones de contratación.
El próximo paso será seguir la ejecución, comprobar la incorporación de los 140 trabajadores y evaluar cuánto del gasto queda en la economía jujeña. La obra puede fortalecer la cadena minera local si combina previsibilidad empresarial con transparencia, formación y control. El éxito no se medirá solo por más capacidad productiva, sino por la calidad de los empleos, la diversificación de proveedores y la confianza de las comunidades.
