El oficialismo aceptó modificar el proyecto de Ley General de Sociedades para impedir que las organizaciones autónomas descentralizadas funcionen sin ninguna responsabilidad humana o jurídica identificable. La jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, anunció que estas estructuras deberán incorporar al menos una persona física o jurídica capaz de responder por su administración.
La definición fue comunicada durante una nueva reunión de la Comisión de Legislación General de la Cámara alta. Bullrich explicó que el objetivo es volver más estricta la atribución de responsabilidades y responder a las objeciones formuladas por especialistas y legisladores. El texto exacto del cambio todavía no está cerrado, por lo que la comisión deberá acordar su redacción antes de emitir dictamen.
Una de las alternativas analizadas establece que el órgano de administración tenga por lo menos una persona jurídica con idoneidad suficiente para controlar sistemas automatizados. Esa exigencia busca ofrecer seguridad jurídica y evitar que una decisión ejecutada por algoritmos quede sin un sujeto responsable ante daños, incumplimientos o conflictos. La fórmula definitiva podría precisar si también se admitirán personas físicas y qué requisitos deberán cumplir.
La iniciativa original, impulsada por el ministro Federico Sturzenegger, reconocía a las organizaciones autónomas descentralizadas, conocidas como DAO, como entidades capaces de operar total o parcialmente mediante protocolos tecnológicos y redes de registro distribuido. También habilitaba a las sociedades a utilizar inteligencia artificial o algoritmos para ejecutar funciones operativas y adoptar decisiones administrativas.
El cambio anunciado no elimina el uso de esas herramientas ni la figura de las DAO. Lo que descarta es la posibilidad de una sociedad totalmente digitalizada y sin participación humana o jurídica responsable. Bullrich defendió la continuidad de las nuevas formas empresariales por su potencial para generar negocios, pero sostuvo que necesitan un control concreto que impida que la responsabilidad se diluya detrás de la automatización.
El proyecto permanece en etapa de debate y recibirá una nueva ronda de expositores la semana próxima. Por ese cronograma, su eventual tratamiento en el recinto no ocurriría antes de la segunda semana de septiembre. No existe todavía dictamen ni sanción: la decisión confirmada es la concesión política del oficialismo para reescribir uno de los puntos más controvertidos de la reforma.
