El diputado provincial Eloy Echazú anunció que presentará un proyecto de ley para responder al aumento de la morosidad y las deudas de consumo en Santa Cruz. Su planteo parte de los datos del INDEC que ubican a Río Gallegos con un desempleo del 8,5%, la tasa más alta de la Patagonia. El legislador atribuyó ese escenario a las políticas económicas aplicadas tanto por la Nación como por la Provincia.
Echazú describió un deterioro que combina el cierre de pequeñas y medianas empresas con mayores costos para comercios y familias. Afirmó que los alquileres se volvieron difíciles de sostener y que las tarifas de luz y gas acumularon incrementos de hasta 300% durante el último semestre. Sumó a ese cuadro casi siete meses de salarios congelados y una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.
La consecuencia financiera aparece, según el diputado, en los informes del Banco Central que sitúan a Santa Cruz entre las provincias con mayor morosidad crediticia y endeudamiento por consumo. Echazú rechazó que esa situación pueda explicarse como falta de voluntad de pago o mala administración de los hogares. Su argumento vincula la acumulación de obligaciones con ingresos que permanecen inmóviles frente al aumento de los gastos básicos.
El legislador concentró sus críticas en el Plan de Alivio Financiero del Banco Santa Cruz. Señaló que, hasta fines de junio, 3.500 trabajadores de la administración pública habían recurrido al crédito ofrecido por esa herramienta. También sostuvo que miles de empleados tienen más del 75% de sus salarios comprometido en deudas y cuestionó que la respuesta estatal vuelva a basarse en nuevos préstamos.
El proyecto anunciado busca sustituir ese enfoque por lo que Echazú definió como herramientas reales de acompañamiento. La fuente no detalla todavía los artículos, beneficiarios, montos ni mecanismo de financiamiento de la futura iniciativa. Por eso, la confirmación relevante es política y legislativa: el diputado llevará el problema a la Cámara, pero aún debe convertir su diagnóstico en un texto concreto susceptible de debate.
La próxima instancia será la presentación formal del proyecto y la explicación de sus instrumentos. Allí deberá precisarse si la respuesta alcanzará solo a trabajadores estatales endeudados o a otros hogares afectados por la morosidad, y cómo se coordinará con las medidas existentes. Hasta entonces, las cifras de desempleo, tarifas, créditos y salarios forman el fundamento del reclamo, no una solución ya aprobada para las familias santacruceñas.
