El diputado nacional Jorge “Koky” Araujo presentó un pedido formal al gobernador Gustavo Melella y al ministro de Economía provincial, Alejandro Barrozo, para que documenten el flujo de fondos de coparticipación destinado a Ushuaia y Río Grande. La solicitud instala una discusión sobre deuda, criterios de pago y previsibilidad municipal.
El requerimiento abarca el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026. Araujo pidió conocer los montos que la Provincia debía transferir, las sumas efectivamente enviadas, los recursos que aún permanecen pendientes y la documentación administrativa utilizada para cada movimiento.
La presentación también solicita una explicación de los criterios financieros y normativos con los que el Ejecutivo ordena sus pagos. El legislador quiere saber qué obligaciones reciben prioridad, qué procedimientos se aplican y si existe un cronograma formal para regularizar los compromisos atrasados con ambos municipios.
Otro punto central es la comparación entre Ushuaia y Río Grande. Araujo preguntó si las dos ciudades reciben la coparticipación mediante mecanismos equivalentes y, en caso de existir diferencias, pidió que el Gobierno provincial exponga sus fundamentos y los datos que justifican ese tratamiento.
El reclamo se produce mientras el Municipio de Río Grande sostiene que la deuda provincial supera los 17.000 millones de pesos. Autoridades municipales advierten que la demora afecta planificación, servicios y obligaciones corrientes, y buscan determinar qué herramientas institucionales pueden utilizar para recuperar los fondos.
Representantes del Ejecutivo municipal, el Concejo Deliberante, el Juzgado de Faltas y el Tribunal de Cuentas de Río Grande mantuvieron una reunión para analizar el impacto de la deuda. El encuentro también evaluó posibles acciones conjuntas si las transferencias no se normalizan o no aparece una respuesta documentada.
Araujo aclaró que su pedido no da por probada una discriminación contra Río Grande. Según explicó, el objetivo es reunir información verificable antes de formular conclusiones y establecer si las diferencias responden a normas objetivas, dificultades financieras generales o decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo.
El próximo paso corresponde al Gobierno provincial, que deberá decidir si responde con el detalle solicitado y un cronograma de regularización. La calidad de esa información será determinante para saber si el conflicto puede encauzarse mediante diálogo administrativo o si avanzará hacia reclamos políticos, contables o judiciales entre la Provincia y los municipios.
