Tierra del Fuego volvió a quedar en el centro de una discusión que excede la coyuntura económica. Desde Río Grande, el secretario de Gobierno municipal, Gastón Díaz, planteó que la provincia necesita saber qué lugar ocupa dentro del proyecto nacional y cuestionó una mirada que, a su juicio, reduce al distrito a un costo dentro de una planilla fiscal.
El eje de su planteo fue productivo, pero también territorial. Díaz vinculó la continuidad de la industria fueguina con el poblamiento, el empleo y la soberanía sobre el extremo sur argentino. En esa lectura, una provincia con actividad económica, población estable y capacidades industriales no es un gasto, sino una condición para sostener presencia nacional en una zona estratégica.
La defensa del régimen industrial apareció asociada a la Ley 19.640, que funciona como base del esquema de promoción fueguino. El funcionario remarcó que las decisiones sobre la habilitación de nuevos proyectos o la apertura de procesos industriales dependen del Gobierno nacional, y puso en duda que herramientas como el RIGI tengan una aplicación concreta para Tierra del Fuego si no aparecen inversiones identificables.
La crítica también apuntó a la apertura de importaciones y a la pérdida de mano de obra local. Para Díaz, el modelo que achata precios mediante competencia externa puede afectar de manera directa a la industria de la provincia, en especial cuando no viene acompañado por una estrategia de valor agregado sobre recursos como petróleo, gas, madera, pesca, turismo o ganadería.
El debate fueguino se proyecta además sobre el Atlántico Sur y la Antártida. Río Grande aparece en ese discurso como una pieza de una geografía mayor, donde industria, población y empleo cumplen una función política. La idea central es que no puede haber soberanía sostenida sin comunidades arraigadas ni sin una economía capaz de retener trabajo en el territorio.
Díaz pidió que los legisladores nacionales condicionen sus votos a resultados concretos para Tierra del Fuego y abrió la puerta a una agenda común con otros espacios políticos. El objetivo, planteó, es que el desarrollo fueguino forme parte de cualquier proyecto nacional hacia 2027 y no quede reducido a una variable de ajuste.
La tensión también incluye las obras públicas paralizadas en Río Grande que dependían de financiamiento nacional. Para el municipio, la discusión sobre eficiencia del Estado no puede convertirse en indiferencia frente a problemas concretos de infraestructura, empleo y desarrollo. En esa clave, el reclamo fueguino queda formulado como una advertencia: abandonar Tierra del Fuego no implica ahorrar, sino achicar la Argentina.
