El debate por el fondo de financiamiento educativo en Tierra del Fuego se concentró en una brecha: el proyecto fija como meta llevar la inversión del 4,5% al 7,8% del Producto Bruto Geográfico, pero las fuentes incorporadas aportarían menos de 9.000 millones de pesos anuales.
El legislador de Provincia Grande Matías Lapadula planteó que antes de sumar recursos debe revisarse cómo se ejecuta el presupuesto actual. Según los datos que atribuyó al Ministerio de Economía, educación representa alrededor del 26% del gasto provincial y más de 12 millones de pesos por alumno al año.
Lapadula acompañó el objetivo de fortalecer el sistema y mejorar salarios docentes, pero cuestionó que se incorporen nuevos tributos sin analizar partidas, horas cátedra y eficiencia del gasto. Su argumento es que más recursos no corrigen por sí mismos problemas de gestión.
Uno de los puntos más controvertidos es una alícuota del 3,4% sobre la distribución domiciliaria de gas. El legislador sostuvo que ese costo terminaría trasladándose a las facturas de usuarios residenciales y, por lo tanto, aumentaría la presión sobre los hogares.
También rechazó gravar con Ingresos Brutos actividades hoy exentas del Banco Tierra del Fuego. A su juicio, reducir las utilidades de una entidad estatal resulta contradictorio si el mismo proyecto pretende destinar ganancias de empresas públicas al fondo educativo.
Otra objeción alcanza al 0,5% de la recaudación de Ingresos Brutos que se detraería antes de distribuirse a los municipios. Lapadula advirtió que esa decisión quitaría recursos a gobiernos locales que ya enfrentan caída de ingresos y demoras en transferencias.
En cambio, respaldó la actualización del impuesto inmobiliario rural, que según explicó llevaba más de 14 años sin adecuarse y recaudaba menos de cinco millones de pesos al año. También aceptó que actividades futuras, como el hidrógeno verde, puedan contribuir, aunque pidió proyecciones concretas.
Con el trámite de urgencia todavía vigente, el debate queda abierto entre dos necesidades: garantizar una fuente estable para cumplir metas educativas ambiciosas y evitar que el financiamiento recaiga sobre hogares, municipios o empresas públicas sin evaluar antes el gasto existente.
