La legisladora provincial Martina Lacour cuestionó el alcance atribuido por el gobernador Alberto Weretilneck a la transferencia de la avenida Bustillo. Según explicó, la ley aprobada por la Legislatura de Río Negro cede al municipio de Bariloche el mantenimiento, la gestión operativa y la administración vial, pero no transfiere el dominio patrimonial ni la titularidad del suelo.
Lacour sostuvo que el Estado nacional nunca formalizó previamente el traspaso de la propiedad a la Provincia y que, por esa razón, Río Negro no podría ceder al municipio un dominio que no posee. Recordó que el legislador Carlos Valeri reconoció durante la sesión la inexistencia de esa transferencia dominial. La controversia surgió después de que piezas oficiales presentaran la arteria como propiedad de la comunidad barilochense.
La parlamentaria relacionó el cambio operativo con la falta de inversiones estructurales. Señaló que el asfaltado integral más reciente se realizó antes de la Cumbre Iberoamericana de 1995 y describió deterioro en los bordes de la calzada y ausencia de señalización horizontal en sectores peligrosos. Su posición es que el municipio recibe una responsabilidad de mantenimiento sin que la Provincia haya completado previamente una intervención integral.
También mencionó demoras en obras para los primeros cuatro kilómetros de la avenida y en la nueva terminal de ómnibus. Sobre esta última, afirmó que las partidas tuvieron que incorporarse al presupuesto provincial después de una omisión inicial, pese a que compromisos financieros de la concesionaria del casino debían cubrir la infraestructura. Estas observaciones forman parte de su crítica más amplia a la inversión provincial en Bariloche.
La entrevista incluyó además el pase a planta permanente de 4.160 trabajadores estatales. Lacour explicó que votó en contra porque el proyecto no incorporó un informe de costo fiscal ni una nómina desagregada de aspirantes. Añadió que, durante los primeros seis meses, ya se había consumido el 60% de la partida anual de personal y advirtió que algunas regularizaciones generarían aportes patronales y obligaciones futuras.
Lacour, integrada políticamente a La Libertad Avanza junto con César Domínguez y Marcela Abdala, presentó ambas discusiones como asuntos de control de los fondos públicos. La aclaración sobre Bustillo no anula la transferencia operativa aprobada: delimita su alcance y disputa la comunicación del Ejecutivo. La ejecución concreta dependerá de cómo Provincia y municipio instrumenten mantenimiento, administración, responsabilidades e inversiones sobre la avenida.
