La Rioja anunció que llevará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación su reclamo por los límites territoriales con San Juan, en una disputa que volvió a tensionar la relación política entre ambas provincias.
El fiscal de Estado riojano, Emilio Rodríguez, anticipó que los equipos técnicos trabajan en una presentación judicial para solicitar la nulidad del decreto-ley 18.004, dictado en diciembre de 1968 durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía.
El argumento de La Rioja es que esa norma habría modificado de manera ilegítima los límites provinciales. El planteo se apoya en la Constitución riojana y en una ley provincial recientemente promulgada por Ricardo Quintela para rechazar los límites fijados durante la dictadura.
Desde San Juan, la respuesta fue inmediata y política. El gobernador Marcelo Orrego sostuvo que la jurisdicción sanjuanina no está en discusión y remarcó que los límites rigen desde hace 57 años y fueron confirmados por el Congreso de la Nación en 2014.
Orrego también convocó a todas las fuerzas políticas de la provincia a defender en unidad el territorio, los recursos, el futuro y símbolos como Ischigualasto. La Cámara de Diputados de San Juan ya había aprobado una declaración de repudio al accionar del Gobierno de La Rioja.
El conflicto tiene un componente jurídico complejo. Una ley provincial no puede modificar por sí sola límites interprovinciales, por lo que La Rioja orienta ahora su estrategia hacia dos planos: medidas cautelares ante la Corte Suprema y gestiones ante legisladores nacionales para llevar la discusión al Congreso.
La discusión también tiene lectura política. Quintela cuenta con una mayoría legislativa amplia en La Rioja para sostener su ofensiva institucional, mientras en San Juan el oficialismo logró alinear incluso al justicialismo local detrás de la defensa territorial.
El caso abre una disputa de largo alcance: no solo por una línea de frontera provincial, sino por soberanía territorial, recursos, identidad sanjuanina y la capacidad de la Corte Suprema para ordenar un conflicto que combina historia, federalismo y política electoral.
