El vicegobernador Fabián Martín trazó la agenda política y legislativa de San Juan para el cierre de 2026 con una señal de continuidad alrededor de Marcelo Orrego. Evitó anticipar candidaturas personales para 2027, pero definió al gobernador como el principal referente del oficialismo y respaldó la estabilidad del equipo de gestión. La estrategia busca impedir que la discusión sucesoria desplace dos reformas que el Ejecutivo considera prioritarias: el sistema electoral y el régimen penal juvenil.
Martín sostuvo que las definiciones sobre cargos llegarán más adelante y que la continuidad dependerá de la decisión ciudadana y de la conducción de Orrego. El mensaje contiene una doble intención: mantener cohesionados a funcionarios y legisladores y preservar la centralidad del gobernador en la selección de candidaturas. La ausencia de nombres no elimina la competencia interna, pero posterga su exteriorización hasta que el oficialismo cuente con reglas electorales más claras.
La reforma electoral está elaborada, aunque la Provincia espera conocer qué hará la Nación con las PASO. Si la definición federal se demora, San Juan podría avanzar con un proyecto propio que incorpore boleta única de papel y obligue a cada partido o frente a presentar un solo candidato a gobernador y a intendente. El objetivo es eliminar la multiplicación de sublemas o postulaciones ejecutivas dentro de una misma alianza y simplificar la oferta para el votante.
Las fuerzas conservarían libertad para resolver sus candidaturas mediante internas abiertas o cerradas. La propuesta plantea que todas las elecciones partidarias se desarrollen en una misma jornada, evitando que un ciudadano participe sucesivamente en procesos de diferentes espacios. Martín defendió las PASO cuando existe competencia real, pero cuestionó su costo cuando una agrupación presenta una sola lista. El diseño deberá equilibrar participación, autonomía partidaria, financiamiento y control.
El segundo proyecto es el Régimen Penal Juvenil provincial. El texto se encuentra en etapa de consultas con especialistas en derecho penal y representantes del Poder Judicial y podría ingresar a Diputados en noviembre. La intención es reemplazar el régimen transitorio por una ley definitiva adaptada a la normativa nacional, con definición de jueces, defensores, dispositivos de intervención, sanciones alternativas y garantías para adolescentes.
La urgencia legislativa no debería reemplazar la planificación. Un régimen juvenil requiere equipos interdisciplinarios, lugares separados de los adultos, programas socioeducativos, defensa especializada y presupuesto. Si el tratamiento no concluye durante el período ordinario, Martín no descartó sesiones extraordinarias en enero o febrero. Esa posibilidad muestra prioridad política, pero también obliga a publicar con tiempo el proyecto y permitir participación de expertos, organizaciones de infancia y operadores judiciales.
El vicegobernador también se refirió a la investigación sobre el Acueducto Gran Tulum. Rechazó caracterizarla como una persecución política y pidió que la Justicia avance sobre las presuntas irregularidades vinculadas con los caños utilizados y los recursos públicos comprometidos. Recordó que las personas convocadas todavía no estaban imputadas y deben poder brindar explicaciones. La posición intenta sostener transparencia sin anticipar culpabilidades.
El próximo tramo legislativo definirá si el oficialismo puede convertir continuidad política en reformas institucionales duraderas. La boleta única y las reglas para internas condicionarán el mapa de 2027; el régimen juvenil exigirá recursos y garantías; la causa del acueducto pondrá a prueba el discurso de control. Orrego conserva el liderazgo, pero la calidad de su proyecto dependerá de que estas decisiones se tramiten con reglas claras, debate público y plazos verificables.
