Rogelio Frigerio defendió la reforma de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos: el sistema provincial pierde el equivalente a US$1 millón por día y, sin cambios, corre riesgo de colapso. El gobernador buscó instalar esa cifra como eje de una discusión atravesada por temores de recortes y por la deuda que la Provincia reclama a la Nación.
Frigerio aseguró que el proyecto no reduce los haberes de quienes ya están jubilados. Como señal inmediata, sostuvo que el próximo recibo incorporará la actualización del 3% prevista. Su argumento separa así dos planos: la preservación de los ingresos actuales y la modificación de reglas destinadas a contener un desequilibrio que considera estructural.
El mandatario atribuyó parte del problema a una relación cada vez menos favorable entre trabajadores activos y beneficiarios, combinada con una mayor expectativa de vida. Esos cambios elevan durante más tiempo el gasto previsional y reducen la base relativa de aportantes, una presión que, según dijo, administraciones anteriores evitaron afrontar durante dos décadas.
La oposición y sectores sindicales cuestionaron el alcance de la iniciativa, pero Frigerio respondió que circulaban falsedades sobre supuestas quitas. La disputa no se limita a una cuenta actuarial: también enfrenta al Gobierno con quienes temen que el ajuste del déficit recaiga sobre derechos adquiridos o sobre futuros jubilados, incluso si las prestaciones actuales no cambian de inmediato.
El gobernador mantuvo, al mismo tiempo, el reclamo al Estado nacional por fondos que la Provincia considera adeudados a su caja no transferida. Esa demanda impide presentar el déficit como una responsabilidad exclusivamente entrerriana. La sostenibilidad dependerá tanto de las nuevas reglas internas como de la regularización de aportes nacionales cuya magnitud y calendario siguen en discusión. La actualización del 3% mencionada por el gobernador tendrá un valor político inmediato, pero no prueba por sí sola la neutralidad de la reforma. Para hacerlo será necesario observar movilidad futura, aportes personales y patronales, condiciones de acceso y eventuales cambios para quienes todavía no iniciaron su jubilación.
La ley avanzó con el respaldo oficialista, pero su efecto real no se agotará en la votación. El próximo paso será comparar los reglamentos y la evolución mensual del déficit con la promesa de no afectar a los jubilados actuales. También habrá que observar si la Nación reconoce la deuda reclamada, porque ese resultado puede modificar el esfuerzo exigido al sistema provincial. La publicación periódica de las cuentas de la Caja será decisiva para evaluar si las medidas corrigen el desequilibrio y para impedir que el debate vuelva a depender únicamente de cifras contrapuestas.
