Los bloques del Partido Justicialista en el Senado y en Diputados de Mendoza presentaron un proyecto para citar a la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, por la licitación del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles. La convocatoria propuesta también alcanza a los presidentes de las sociedades estatales que participaron del procedimiento conjunto entre la Provincia y la Nación. El objetivo declarado es que expliquen el alcance de una concesión proyectada por treinta años y la responsabilidad de cada organismo.
El pedido reclama que Latorre informe ante la Legislatura sobre el estado, las condiciones y los efectos provinciales del proceso impulsado bajo el Decreto 1436/2026. La oposición sostiene que la decisión compromete agua, energía y regalías y cuestiona que el trámite se haya desarrollado sin control parlamentario suficiente. Esas afirmaciones integran los fundamentos políticos del proyecto; la citación deberá ser aprobada para que la ministra quede obligada a responder en persona.
Los Nihuiles es una infraestructura estratégica para Mendoza porque administra el aprovechamiento del río Atuel destinado a generación hidroeléctrica y riego en el sur provincial. Por eso, el PJ plantea que no se discute únicamente la operación de una empresa, sino el régimen de activos y recursos vinculados con el sistema. La iniciativa pide conocer cómo fueron valuados esos bienes, cuál será el destino de los fondos de la concesión y qué participación mantendrá cada entidad pública.
El principal cuestionamiento jurídico y operativo se refiere al diseño de la licitación. Según los legisladores peronistas, la Ley 9.630, que declaró la emergencia del sistema hidroeléctrico, preveía un llamado integrado para unificar Los Nihuiles y el complejo Diamante bajo una misma concesión. El Ejecutivo avanzó, en cambio, con un procedimiento independiente para Los Nihuiles y dejó fuera a Diamante. La oposición quiere que Latorre precise la base legal y técnica utilizada para apartarse de aquel esquema.
La citación se presenta después de que anteriores pedidos de informes no recibieran respuesta del Gobierno provincial. El PJ considera agotada la vía administrativa y extiende la invitación a los directorios de las empresas públicas para reconstruir la intervención de cada una. También exige identificar la titularidad y el destino de los activos involucrados, un punto sensible en una licitación compartida por dos niveles del Estado.
Los autores del proyecto afirman que no buscan frenar la concesión, sino someterla a control legislativo y asegurar transparencia antes de comprometer el sistema durante tres décadas. El próximo paso será el tratamiento de la iniciativa en la Casa de las Leyes: si obtiene respaldo, Latorre y los directivos deberán comparecer; si no lo consigue, continuarán sin respuesta parlamentaria las preguntas sobre la separación de Diamante, la valuación patrimonial y el reparto de los recursos.
