El Partido Justicialista de Entre Ríos utilizó el Día Internacional de la Salud Mental para reclamar una respuesta presupuestaria y legislativa más amplia frente a la crisis provincial. El espacio sostuvo que la declaración de urgencia sanitaria vigente reconoce el problema, pero no agrega recursos específicos.
El planteo se dirige al decreto 2130 del Poder Ejecutivo provincial. Para el PJ, la norma constituye una respuesta administrativa insuficiente si no está acompañada por partidas nuevas, equipos de atención, políticas preventivas y herramientas permanentes para sostener los servicios.
En su comunicado, el peronismo provincial afirmó que Entre Ríos presenta la tasa de suicidios más alta del país y que el suicidio es la principal causa de muerte entre jóvenes. Esos datos fueron utilizados por el espacio para justificar un tratamiento prioritario del problema.
El partido remarcó que detrás de los indicadores existen familias y comunidades que no encontraron contención a tiempo. Desde esa perspectiva, reclamó que la política de salud mental combine atención clínica, prevención temprana, intervención territorial y acompañamiento social.
El PJ también puso el foco en el financiamiento. Su objeción principal es que la declaración de urgencia no habría aumentado las partidas presupuestarias del área, por lo que el reconocimiento formal de la crisis no modificaría por sí solo la capacidad operativa del sistema.
La propuesta política es avanzar hacia una ley específica de protección en salud mental. El objetivo, según el planteo, es que la respuesta no dependa únicamente de una emergencia administrativa sino de obligaciones permanentes, recursos identificables y mecanismos de seguimiento.
El reclamo se suma a cuestionamientos previos de organizaciones, trabajadores sanitarios, legisladores opositores y sectores de la sociedad civil. La discusión se concentra ahora en si el Ejecutivo ampliará el presupuesto o si la Legislatura abrirá un debate para convertir la emergencia en una política de largo plazo.
Por el momento, el decreto provincial sigue siendo el instrumento vigente. El próximo paso dependerá de que el reclamo presupuestario se traduzca en una iniciativa concreta y de que exista una mayoría política dispuesta a discutir una ley específica de protección y prevención.
