Los 120 trabajadores de la textil Will Der S.A. llegaron el lunes a la fábrica de Pacheco y encontraron las puertas cerradas, con personal de seguridad dentro de la planta y sin autorización para ingresar. El viernes anterior, uno de los propietarios les había comunicado en una reunión grupal el cierre definitivo de la empresa y les había indicado que no se presentaran al comienzo de la semana.
La situación laboral, sin embargo, quedó atravesada por mensajes contradictorios. Los empleados todavía no habían recibido telegramas de despido cuando fueron bloqueados en el acceso. El sábado, un abogado de la compañía envió por WhatsApp un comunicado que afirmó que no estaban despedidos sino suspendidos y anticipó que la firma se comunicaría de manera individual para intentar acuerdos con cada integrante de la dotación.
Mirta, una operaria con cuatro años de antigüedad, reconstruyó esa secuencia y señaló que el personal llegó de todos modos para obtener respuestas. Verónica, que llevaba cinco años en la fábrica, sostuvo que el mensaje recibido confirmó el carácter definitivo del cierre y exigió que la empresa pague lo adeudado. Entre los reclamos mencionó vacaciones que todavía no habían sido abonadas a parte de los trabajadores.
La incertidumbre también alcanzó a quienes estaban de licencia cuando se conoció la decisión. Zulma se encontraba de vacaciones, recibió el aviso y al presentarse en la planta halló el mismo acceso cerrado. Gonzalo cuestionó que los representantes de la compañía no dieran explicaciones formales y agregó que, según lo informado por los propios empleados, los gremios tampoco habrían sido notificados con anticipación.
El cierre ocurre dentro de un deterioro laboral más amplio citado por la fuente. Los datos consignados indican que desde el comienzo del gobierno de Javier Milei se perdieron 341.396 empleos registrados y cerraron 28.262 empresas. Esa referencia no resuelve la situación particular de Will Der, pero ubica la clausura de Pacheco entre los conflictos que combinan pérdida de actividad, interrupción del ingreso a plantas y discusiones por obligaciones pendientes.
El punto inmediato a resolver es la condición jurídica y económica de los 120 trabajadores. La empresa deberá formalizar si sostiene la suspensión anunciada por su abogado o si ejecuta los despidos derivados del cierre comunicado por el propietario, y luego responder por vacaciones, salarios e indemnizaciones reclamadas. Hasta que esas decisiones sean notificadas individualmente, la única situación verificable es que la planta permanece cerrada y la dotación no puede ingresar.
