El conflicto en UnionBat abrió un foco de tensión industrial en Entre Ríos después de que la empresa notificara cerca de 100 despidos en su planta del Parque Industrial de Gualeguaychú.
La firma, dedicada a la producción de baterías y con provisión a terminales automotrices, cuenta con establecimientos en San Martín, provincia de Buenos Aires, y en Gualeguaychú. El impacto principal del conflicto se concentra ahora en la sede entrerriana.
Según relataron los trabajadores, las notificaciones llegaron durante el cambio de turno y también por mensajes de WhatsApp. La reacción fue inmediata: instalarse frente a la planta para sostener presencia física y evitar un eventual vaciamiento o desmantelamiento del establecimiento.
Obreros nucleados en el Sindicato Químico mantienen turnos en la puerta de la fábrica. El objetivo declarado es preservar las instalaciones, visibilizar el reclamo y forzar una intervención rápida de la autoridad laboral.
Martín Gómez, delegado de los trabajadores, planteó que la preocupación no se limita al cobro de indemnizaciones. El reclamo central es conservar los puestos de trabajo, porque la pérdida de casi 100 salarios golpea directamente a familias y al tejido social de Gualeguaychú.
Los trabajadores prevén llevar la denuncia al Ministerio de Trabajo y exigir una respuesta institucional. El caso pone sobre la mesa el rol estatal frente a decisiones empresarias que pueden modificar de manera abrupta la estructura laboral de una ciudad industrial.
La empresa sostiene su actividad en un segmento relevante de la cadena automotriz: la fabricación de baterías. Por eso, el conflicto excede la dimensión laboral inmediata y expone la fragilidad de proveedores industriales en un contexto de caída de demanda, ajuste de costos y presión sobre el empleo registrado.
Para Entre Ríos, UnionBat se suma a una serie de disputas productivas que muestran el deterioro de empleo formal en sectores manufactureros. La pregunta de fondo es si el cierre de fuentes laborales será tratado como un problema privado o como una cuestión pública de política industrial y territorial.
