Axel Kicillof cuestionó la modificación del régimen de Zonas Frías aprobada por el oficialismo en el Senado y sostuvo que numerosos municipios de la provincia de Buenos Aires perderán los descuentos aplicados al consumo residencial de gas. El gobernador presentó el cambio como una decisión de alcance territorial inmediato y señaló que los intendentes comenzaron a transmitirle su preocupación por las consecuencias sobre hogares, comercios y actividades productivas.
El régimen había ampliado el universo de usuarios alcanzados por tarifas diferenciales en regiones donde las bajas temperaturas elevan el consumo de gas. Según el planteo de Kicillof, la nueva delimitación dejaría dentro del beneficio bonaerense únicamente a Carmen de Patagones y excluiría al resto de los distritos incorporados con la ampliación. También advirtió que el efecto no se limitaría a Buenos Aires, porque otras provincias perderían parte de la cobertura. Kicillof señaló además que antes de la votación se reunieron firmas y se formularon advertencias al Ejecutivo nacional, sin que esas gestiones modificaran el resultado legislativo.
El mandatario atribuyó la iniciativa al Gobierno nacional y calificó su forma de negociación con las provincias como una presión política. Su argumento fue que la eliminación de beneficios en las zonas frías apareció asociada a la promesa de atender situaciones de altas temperaturas mediante otro esquema. Esa caracterización corresponde a la posición expresada por Kicillof y forma parte de la disputa abierta entre la administración bonaerense y la Casa Rosada.
El eje económico de su crítica estuvo puesto en el costo acumulado de las tarifas. Kicillof afirmó que los valores aumentaron 1.600% durante la gestión nacional y sostuvo que, aun con el descuento vigente, muchas familias ya encontraban dificultades para pagar. A partir de ese diagnóstico, advirtió que la pérdida del beneficio agravaría la capacidad de pago y trasladaría presión adicional a municipios que reciben demandas sociales crecientes.
El gobernador también reclamó que los senadores y representantes que acompañaron la modificación expliquen su voto en los territorios afectados. Planteó que la decisión se produce en un contexto de deterioro de la actividad productiva, el empleo, los negocios, la industria y las economías regionales. No presentó una estimación consolidada del número de usuarios alcanzados, pero insistió en que la cantidad de distritos involucrados es significativa.
Desde la Provincia, el margen de respuesta aparece limitado. Kicillof indicó que su administración intenta compensar algunos efectos de las políticas nacionales, aunque sostuvo que un problema tarifario definido por el Estado federal no puede resolverse de manera integral con instrumentos provinciales. La discusión, por lo tanto, combina el diseño del subsidio energético con la distribución de responsabilidades fiscales entre Nación, provincias y municipios.
El episodio se incorporó además a la agenda política del Movimiento Derecho al Futuro. Al referirse al acto realizado por ese espacio, Kicillof explicó que su consigna de disponibilidad para una construcción federal parte de la experiencia de gobernar Buenos Aires en un escenario de restricciones. Señaló que las candidaturas deberían ser el resultado de ese proceso y no su punto de partida, enlazando la controversia tarifaria con un debate político más amplio.
Los próximos pasos dependerán de la instrumentación definitiva de la reforma y de la identificación precisa de los municipios y usuarios que quedarán fuera del régimen. Mientras los intendentes evalúan el impacto local, el gobierno bonaerense buscará sostener el reclamo político y legislativo. La discusión inmediata será cuánto aumentarán las facturas sin el descuento y qué herramientas, si las hubiera, podrán emplearse para amortiguar ese cambio. La respuesta dependerá también de si la reglamentación mantiene alguna transición para los usuarios alcanzados o aplica la exclusión de manera inmediata en el siguiente período de facturación.
