Friosur S.R.L. formalizó la apertura de su concurso preventivo de acreedores después de que el edicto correspondiente fuera publicado en el Boletín Oficial de Chubut. La decisión coloca a una distribuidora de larga trayectoria bajo un proceso judicial destinado a ordenar su situación financiera, sin que ello implique el cese inmediato de la actividad. La compañía comunicó que continuará trabajando mientras se desarrolla el expediente y se determinan las obligaciones alcanzadas.
La firma pertenece a la familia Pérez Luces y acumula 46 años de presencia en la región. Su nombre está asociado principalmente con la distribución de productos lácteos de La Serenísima y con una red que abastece a comercios y familias en distintos puntos de la Patagonia. Esa extensión territorial convierte el proceso en un asunto relevante no solo para los propietarios, sino también para proveedores, trabajadores, clientes y establecimientos que dependen de sus recorridos logísticos.
La deuda fue estimada en alrededor de 1.300 millones de pesos. La información disponible vincula el deterioro financiero con dos movimientos simultáneos: una fuerte retracción del consumo interno y el aumento de los costos operativos. Para una empresa dedicada a transportar y distribuir alimentos, la combinación reduce el volumen comercial y, al mismo tiempo, encarece el sostenimiento de vehículos, depósitos, personal y rutas de entrega. Ese desajuste presiona el capital de trabajo necesario para comprar mercadería y mantener la distribución, porque los gastos fijos deben afrontarse aun cuando cae el volumen vendido. La empresa necesita así sostener su circuito comercial mientras reordena vencimientos acumulados.
El trámite quedó radicado en el Juzgado de Ejecución N° 2 de Trelew, a cargo de la jueza María Andrea García Abad. Como síndico concursal fue designado el contador Mario Antonio Glades, quien intervendrá en el control y la verificación del proceso. La actuación judicial establece un marco común para reunir la información patrimonial, identificar a los acreedores y encauzar los reclamos económicos que recaen sobre la sociedad.
Entre las medidas dispuestas se encuentra la inscripción del concurso en el Registro Público de Juicios Universales, la inhibición general de bienes y la prohibición de realizar actos a título gratuito. También se ordenó concentrar en ese tribunal los juicios de contenido patrimonial contra Friosur. Estas restricciones buscan preservar los activos sometidos al proceso y evitar movimientos que alteren la posición relativa de quienes reclaman el cobro de obligaciones pendientes.
Frente a la repercusión pública, la empresa difundió un comunicado dirigido a clientes, proveedores, colaboradores y a la comunidad. Allí recordó su participación en el crecimiento regional durante casi cinco décadas y aseguró que mantendrá la estructura operativa, la calidad del servicio y el cumplimiento de sus compromisos comerciales. La declaración procura separar la apertura del concurso de una hipótesis de cierre o interrupción inmediata de los repartos.
La continuidad anunciada deberá probarse en la operación cotidiana. La capacidad de sostener entregas, atender compromisos corrientes y conservar la confianza de proveedores será central mientras se verifica el pasivo. A la vez, el proceso judicial deberá precisar cuánto de la deuda estimada queda reconocido, qué créditos se presentan y qué condiciones puede ofrecer la firma para reorganizar sus obligaciones sin perder la red comercial construida durante décadas.
Los próximos pasos estarán definidos por la intervención del juzgado y del síndico, la presentación de los acreedores y la documentación que aporte Friosur. Hasta que ese trabajo avance, la cifra de 1.300 millones de pesos funciona como una estimación y la continuidad depende de que la actividad genere recursos suficientes para sostener el funcionamiento. El concurso abre una etapa de supervisión y negociación cuyo resultado determinará la viabilidad de la distribuidora en Chubut.
