Rolando Figueroa volvió a colocar la seguridad jurídica en el centro de la estrategia neuquina para Vaca Muerta. El gobernador cuestionó a dirigentes opositores que plantean revisar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ante un eventual cambio de gobierno y sostuvo que las políticas capaces de atraer capital deben sobrevivir a los ciclos electorales. Su argumento parte de una urgencia: Neuquén dispone de recursos abundantes, pero de una ventana temporal limitada para transformarlos en producción y exportaciones.
Figueroa defendió el RIGI por sus efectos sobre la rentabilidad de los proyectos. Mencionó reducciones en el impuesto a las ganancias, amortización acelerada y un tratamiento diferencial del IVA como factores que mejoran la tasa interna de retorno y permiten competir con otros destinos de inversión. La tesis oficial es que sin capital externo no alcanza el ahorro doméstico para financiar la infraestructura, perforación, transporte y licuefacción necesarios.
La defensa del régimen también funciona como advertencia política. Los inversores, dijo Figueroa, consultan qué ocurrirá después de 2027 y si las condiciones pueden modificarse con otra administración. Para el gobernador, una oposición responsable debería distinguir entre cuestionar un gobierno y desarmar políticas de Estado. La seguridad jurídica, en ese planteo, se convierte en un activo productivo tanto como los hidrocarburos.
El discurso tiene una dimensión temporal. Figueroa advierte que la transición energética global puede reducir la demanda futura de gas y petróleo, por lo que Vaca Muerta debe acelerarse antes de que la oportunidad pierda valor. Ubicó como hito próximo la decisión final de inversión del proyecto Argentina LNG, prevista para el 26 de noviembre. Esa fecha concentra expectativas sobre exportaciones de gas a gran escala y nueva infraestructura.
El crecimiento, sin embargo, genera costos locales inmediatos. El gobernador estima que Neuquén incorporará este año alrededor de 30.000 habitantes, unos 5.000 en edad escolar. Ese flujo obliga a construir aulas, viviendas, hospitales, rutas y servicios urbanos. También recordó que una gran parte de la población utiliza el sistema público de salud. La renta energética, por lo tanto, debe medirse junto con el costo de sostener una provincia que crece a ritmo extraordinario.
Figueroa volvió a discutir la distribución de la renta de un barril exportado. Según su explicación, una parte sustancial queda en costos y utilidades empresarias, otra en impuestos nacionales y provinciales y alrededor de 13% llega a Neuquén entre regalías y otros tributos. El gobernador usa esa comparación para reclamar una mirada federal sobre los gastos que soporta la provincia productora y sobre el reparto que beneficia a jurisdicciones sin esos costos.
En el plano electoral, Figueroa se manifestó a favor de eliminar las PASO por considerarlas un gasto innecesario. Su posición conecta la agenda económica con una discusión institucional nacional: menos instancias electorales podrían reducir costos, pero también trasladan a los partidos la responsabilidad de ordenar candidaturas. El gobernador celebró además triunfos de fuerzas locales en Bariloche como ejemplo de proyectos territoriales capaces de imponerse a estructuras nacionales.
El próximo desafío será convertir el discurso de estabilidad en acuerdos verificables. Neuquén necesita contratos, infraestructura y reglas que sobrevivan a gobiernos, pero también debe garantizar que la expansión energética financie servicios, vivienda y conectividad. La verdadera prueba del RIGI no será solo cuánto capital atraiga, sino si ese capital se traduce en producción sostenible, recursos fiscales y capacidad estatal suficiente para absorber el crecimiento que genera.
