El intendente de Candelaria, Carlos Flores, se presentó ante el Concejo Deliberante para responder preguntas sobre la administración municipal en una sesión con fuerte presencia de empleados públicos y cruces con la oposición. La convocatoria abordó presupuesto, funcionamiento del cuerpo legislativo, cuentas financieras, colocaciones de fondos y situación de terrenos en el sector costero. El dato más concreto fue la confirmación de que el municipio dispone de aproximadamente 350 millones de pesos, cifra que abrió una discusión sobre su destino y control.
El secretario de Gobierno, Aníbal Fariña, leyó las respuestas preparadas por el Ejecutivo. Según la exposición, los recursos se mantienen como una reserva destinada a afrontar salarios y eventuales emergencias. Esa explicación define una función preventiva, pero no reemplaza la documentación contable necesaria para conocer origen, tipo de colocación, rendimientos, vencimientos y disponibilidad. El Concejo puede requerir informes complementarios para determinar si las decisiones se ajustan al presupuesto y a las normas municipales.
El presidente del Concejo, Daniel Gauto, señaló que alrededor del 95% de las aproximadamente 200 personas presentes eran empleados municipales. Para la oposición, esa composición condicionó el clima del recinto y convirtió la comparecencia en una demostración de respaldo al intendente. El Ejecutivo no presentó esa presencia como irregular. La evaluación institucional deberá concentrarse en si el acceso fue abierto, si se respetó el orden y si concejales de todos los bloques pudieron formular preguntas y recibir respuestas.
Flores propuso que los siete concejales y él mismo renuncien a sus salarios durante seis meses para financiar tres comedores. La iniciativa fue formulada durante el intercambio y no se informó un proyecto con cálculos, mecanismo de transferencia ni criterios de administración. Gauto rechazó el planteo y respondió con una crítica personal sobre el patrimonio del intendente. Ese cruce elevó el tono, pero desplazó el eje de la discusión desde las cuentas municipales hacia reproches entre autoridades.
La oposición reclamó que el Ejecutivo ejecute plenamente el presupuesto asignado al Concejo y cuestionó demoras o restricciones en la disponibilidad de recursos para el funcionamiento legislativo. El intendente defendió el orden de prioridades de pago y sostuvo que la administración debe preservar fondos para obligaciones esenciales. Para evaluar ambas posiciones será necesario conocer las partidas aprobadas, las transferencias efectivamente realizadas, los gastos comprometidos y las normas que regulan la autonomía financiera del cuerpo.
La sesión también incluyó preguntas sobre terrenos y sobre la zona costera, aunque en el intercambio no quedaron detallados todos los documentos examinados ni las respuestas completas. Esa ausencia limita la posibilidad de establecer si existe una controversia patrimonial, urbanística o de gestión. El municipio y el Concejo pueden reducir la incertidumbre mediante la publicación de actas, anexos, saldos bancarios y expedientes vinculados con tierras. La transparencia documental es especialmente relevante cuando el debate combina cifras elevadas y acusaciones políticas.
El intercambio terminó de forma abrupta. Flores utilizó expresiones descalificadoras contra asesores legislativos, manifestó sentirse descompuesto y se retiró del recinto. Esas circunstancias no resuelven las preguntas pendientes ni invalidan automáticamente la información proporcionada. El deber institucional de ambas partes es retomar el control político en condiciones que permitan respuestas completas, trato respetuoso y registro público, evitando que la confrontación personal sustituya el examen del uso de fondos.
El próximo paso será verificar si el Concejo solicita documentación adicional y si el Ejecutivo detalla la composición de los 350 millones de pesos. También queda pendiente precisar el presupuesto legislativo, el estado de las cuentas y la situación de los terrenos mencionados. La comparecencia hizo visibles las diferencias entre intendente y oposición; la resolución dependerá ahora de datos auditables, decisiones formales y nuevas instancias de control, no de la intensidad de los cruces.
