La diputada nacional por Mendoza Lourdes Arrieta expresó su decepción con el gobierno de Javier Milei y amplió sus diferencias con el espacio político que la llevó al Congreso. La legisladora, exintegrante de La Libertad Avanza y actualmente incorporada al bloque Provincias Unidas, confirmó en una entrevista radial que ya no se siente representada por el rumbo de la administración nacional.
Arrieta explicó que decidió acompañar a Milei por su identificación inicial con las ideas libertarias, pero marcó distancia del papel de Karina Milei y de la evolución del discurso oficialista. Cuestionó la presencia de odio, violencia y mecanismos de manipulación en las redes sociales. También reclamó mayor atención a la educación, la salud, la seguridad y los sectores vulnerables.
La diputada vinculó esas críticas nacionales con un reclamo específico para Mendoza. Informó que presentó un pedido al Poder Ejecutivo para conocer el destino de los recursos recaudados por el impuesto a los combustibles líquidos. Su planteo parte de que una porción de lo pagado por cada litro debe financiar el mantenimiento y la reparación de rutas nacionales.
Arrieta sostuvo que los mendocinos abonan ese componente tributario y, al mismo tiempo, afrontan otras erogaciones destinadas a obras viales, situación que describió como un pago doble. Calificó de deplorable el estado de las rutas nacionales 7 y 40 y afirmó que sus condiciones afectan el turismo, la conexión con Chile y los desplazamientos entre distintos puntos de la provincia.
También rechazó la posibilidad de implementar peajes en la ruta 7 mientras continúe el cobro del impuesto destinado al financiamiento vial. Antes de avanzar con ese sistema, pidió conocer cuánto se recaudó, qué obras se ejecutaron y cómo se aplicaron los fondos. En la misma entrevista mencionó problemas de infraestructura y calefacción escolar, además de dificultades en la actividad turística y gastronómica.
Las declaraciones combinan una ruptura política con el oficialismo y un pedido institucional de información. El cuestionamiento sobre rutas, escuelas y actividad económica corresponde a la evaluación de Arrieta y no estuvo acompañado por respuestas del Ejecutivo en la información difundida. El dato formal es la presentación del pedido de informes; el destino de los recursos y el alcance de eventuales peajes permanecen sin aclaración oficial.
